América Latina y el Caribe (LAC), además de ser una de las regiones más desiguales del mundo, continúa como la segunda región más letal para las mujeres después de África. Para nadie es un secreto que la pandemia producida por el Coronavirus COVID-19 impactó especialmente en las mujeres y niñas que se encontraron encerradas con sus agresores y sin posibilidad de escapatoria.

El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) de la Organización de las Naciones Unidas, identificó las violencias basadas en cuestiones de género como manifestaciones netas de la discriminación cuya causa principal es la desigualdad. Es decir, que los femicidios son producto de las relaciones asimétricas de poder entre hombres y mujeres, constituyendo una forma de discriminación que impide que estas últimas gocen de derechos y libertades en pie de igualdad con los hombres. (CEDAW, 1994).

Dos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 se refieren directamente para terminar con la violencia de género y lograr la igualdad, el empoderamiento de todas las mujeres y niñas y la construcción de sociedades pacíficas, justas y con instituciones sólidas; sin embargo, no son muy evidentes los esfuerzos de parte de los gobiernos para por lo menos acercarse a estas metas.

A pesar de que la mayoría de los países han modificado sus legislaciones para sancionar con cadena perpetua o muchos años de prisión a los responsables de feminicidio, lamentablemente su limitado o nulo acceso a la Justicia, la impunidad y la persistencia de patrones socioculturales discriminatorios, entre otras causas, inciden en el aumento del número de muertes y no han servido de disuasivo alguno. La impunidad sigue matando.

Un último análisis de Amnistía Internacional, sobre la violencia contra la mujer en LAC daba cuenta que en las 33 naciones latinoamericanas que contempla el caso de estudio, siguen existiendo amenazas de la “violencia patriarcal”, pues muchas de las políticas vigentes en dichos países, son “inadecuadas” para proteger a las mujeres en la región.

El caso de México es de interés internacional, debido a que, en años recientes, el país azteca reportó un incremento acelerado de feminicidios, así como otras formas de violencia, tales como extorsión, corrupción de menores, violencia sexual y agresiones físicas. Otros países como Cuba, Colombia, Guatemala, Perú, Brasil, Honduras y Costa Rica también registraron casos similares con total impunidad.

Es necesario crear las condiciones y políticas públicas para generar espacios económicos, políticos y sociales a fin de que las mujeres gocen de la igualdad de derechos y oportunidades, frenar las violencias de género contra las niñas, mujeres y poblaciones LGBTIQ; y, tomar las medidas necesarias no solo para que estos crímenes no queden en la impunidad, sino también para prevenirlos y crear una cultura de igualdad a través de la educación y políticas de sensibilización pública. 

Trabajemos para cambiar las culturas, cambiar las mentalidades retrogradas y machistas, cambiar las sociedades patriarcales, lograr espacios para las mujeres, para las minorías, sin exclusión alguna, sin importar el género, porque todos tenemos derechos humanos.

“Basta ya de minutos de miedo, de humillación, de dolor, de silencio. Tenemos derecho a que todos los minutos sean de libertad, de felicidad, de amor, de vida.” (Campaña Ni Una Menos)

Hasta la próxima semana.