Las reformas estructurales en el ámbito regional han traído nuevas formas de relacionamiento entre el Estado y la Comunidad, este proceso de reforma ha iniciado desde lo local hasta lo nacional, en algunos casos, ha sido para simular que la participación de la sociedad civil es más tangible.

En los últimos años la participación social se ha ido incrementando en base a la Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural Decreto 11-2002, la cual permite la organización desde lo local con la formación de los Consejos Comunitarios de Desarrollo, expresando demandas que tienen relación con su cotidianidad, esto no garantiza que se les de respuestas en forma tácita. 

En cada municipio se conforman los  Consejos Municipales de Desarrollo, los cuales vienen trabajando conjuntamente con las autoridades locales, para la gestión y el control de la Administración Pública en teoría, ya que en la práctica este proceso se encuentra detenido, hoy en día los COMUDES no son entes de consulta del ejecutivo municipal, ni planifican juntos la inversión pública que se realiza en el municipio  participando solamente aquellos sectores y líderes afines al sector político partidista.

El siguiente nivel de estructura organizativa lo conforma el Consejo Departamental de Desarrollo, el único funcional dentro del entramado de participación social, por ser tripartito, sin embargo, su afianzamiento como actores de la sociedad civil, tiene debilidades, entre las que destacan: la falta de capacitación en la construcción de políticas públicas, planificación social y económica, la desinformación de normativas jurídicas, la capacidad técnica de formular planes, programas y proyectos.   

Asimismo, la falta de una estructura interna que permita fortalecer su capacidad gestora ante el gobierno local y nacional, para saber encausar las demandas comunitarias de las cuales son portavoces, en el dialogo y el consenso estas son cualidades innatas de la sociedad civil, ante los recursos asignados por el Estado, modificar esta cultura, es vital para el crecimiento de este proceso y de esta manera evitar el desgaste, teniendo como fin primordial en el  CODEDE,  la demanda del cumplimiento fiel del Estado hacia la sociedad de cubrir las necesidades básicas.

La Sociedad Civil debe de entenderse como el conjunto de organizaciones e instituciones, cívicas voluntarias, sociales no lucrativas,  redes y grupos de interés, sindicatos, profesionales, sectores religiosos, grupos estudiantiles, sociedades culturales, clubes, y grupos comunitarios   que forman la base de una sociedad activa en correlación de   fuerzas con la estructura del Estado, con influencias en la actividad política de la que forman parte y que se oponen a la sociedad mercantil la cual está conformada por cámara de comercio asociaciones comerciales, agropecuarias financieras e industriales.

Conscientes de que los gobiernos han asumido un rol neoliberal, suprimiendo las garantías e inversión social, escudándose en los objetivos del desarrollo sustentable en el discurso, y en la práctica retrasan la participación en la construcción de políticas públicas con equidad y sostenibilidad del equilibrio ambiental, siendo una constante la marginalidad social que polariza a la población y genera violencia.

Los desafíos para la sana convivencia entre la sociedad civil, sociedad mercantil y el Estado, está centrado en el diálogo amplio y de participación en la toma de decisiones sobre el diseño y modelo de desarrollo, romper con el esquema político excluyente que ha provocado una mayor fragilidad institucional. Es urgente la autonomía de la población para la inserción de nuevos cuadros políticos que permitan una verdadera democracia participativa y no solo representativa represiva.