Muchos países tienen una inmensa deuda con sus sociedades al no hacer que la justicia sea pronto y cumplida. A pesar de sus profundas diferencias, los países en vías de desarrollo comparten desafíos comunes muy significativos en este tema. 

La región de América Latina y el Caribe es la más violenta del mundo con altas tasas de criminalidad, para enfrentar la criminalidad y la delincuencia se necesita un aparato de administración de justicia eficaz y eficiente, que cuente con la confianza de la población en términos de su legitimidad para solucionar los problemas tanto de convivencia como de violencia e inseguridad. 

Para nadie es un secreto que en los países en desarrollo la justicia es poco efectiva y accesible a la mayoría de los ciudadanos, las capacidades de investigación y solución de casos son pocas, los sistemas están sobrecargados, entre otras por el acento en una tendencia de populismo punitivo que ha llevado al uso excesivo del sistema penal aún si desde una perspectiva progresista este debería ser el último recurso para atender las conductas punibles. 

Los gobiernos de nuestros países se llenan la boca anunciando una y otra vez las reformas a la justicia que no solo implica nuevas leyes desde el poder legislativo, sino capacitación, carrera judicial, etc. que sirva para garantizar la calidad de la justicia en la democracia. Una justicia accesible, eficiente, eficaz y con procesos transparentes y expeditos mejora las relaciones sociales, disminuye la criminalidad y la violencia y da herramientas a las instituciones para enfrentar mejores amenazas complejas como la que representa el crimen organizado.

El deterioro de las condiciones de los sitios de reclusión se ha agudizado durante décadas, como lo evidencian los frecuentes motines y fugas de los privados de libertad y otros episodios de violencia que han afectado a prácticamente todos los países. El número de privados de libertad ha crecido de manera desmesurada, desbordando la capacidad de los centros de reclusión. En muchas cárceles hay hasta dos, tres y cuatro veces más personas de los que debería haber de acuerdo con la capacidad locativa del penal; por otro lado, el hacinamiento es un factor común detrás de los motines y la violencia que caracteriza a las prisiones en estos países. 

No hay soluciones fáciles, especialmente cuando a la mayoría de la población no le interesa este tema y sus soluciones dependerán de la realidad económica, social y política de cada país. La necesidad de programas de reinserción de estas personas a la sociedad será el punto clave del respeto a su dignidad de seres humanos.

Los Estados y sus poderes públicos, deben de generar políticas públicas que garanticen una justicia pronta y cumplida para todos sus habitantes por igual. Los gobiernos deben ser gobiernos para la justicia. 

Hasta la próxima semana.