La semana pasada se conmemoró los 25 años de la firma del Acuerdo de Paz Firme y Duradera que en 1996 se firmara y que significó el fin del conflicto armado después de 36 años y que causaron más de 250.000 entre muertos y desaparecidos; miles de desplazados y ruptura del tejido social.

Tuve el privilegio de formar parte de la Misión de Paz de las Naciones Unidas para Guatemala y fui testigo del incansable trabajo de la sociedad guatemalteca para finalmente alcanzar la paz tan necesaria y cumplir con los 12 acuerdos firmados entre el gobierno y la guerrilla; lamentablemente, los avances no son los esperados. 

 La violencia, extorsión y amenazas por parte de poderosas organizaciones criminales siguen golpeando a todos los sectores y que los últimos gobiernos no han podido controlar. Los altos índices de corrupción, la pobreza, analfabetismo, desnutrición, violencia contra las mujeres, delincuencia, racismo, falta de oportunidades, persecución contra activistas de derechos humanos, amedrentamiento a periodistas, etc. ha desencadenado una ola donde miles de guatemaltecos son obligados a irse del país, incluidos niños, niñas y adolescentes no acompañados, muchos de ellos muriendo trágicamente en su camino en búsqueda de mejores oportunidades.

El actual gobierno ha cerrado la Secretaría de la Paz (SEPAZ), la Secretaría de Asuntos Agrarios (SAA) y la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en Derechos Humanos (COPREDEH), instituciones garantes para la vigilancia del cumplimiento de los  Acuerdos de Paz y creó en su lugar la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos (COPADEH), entidad que no le fueron asignados fondos en la propuesta presupuestaria para 2021y donde no está claro si dicha instancia asume las funciones de las instituciones cerradas.

Mientras no haya un real cumplimiento a los Acuerdos de Paz, la consolidación democrática de Guatemala está en duda. Es prioritario acciones coherentes y reales para la erradicación de las causas estructurales que dieron origen al conflicto y que continúan latentes en el país. 

El combate a la pobreza y a la desnutrición acrecentada por la pandemia, la lucha contra la corrupción y el crimen organizado, el fortalecimiento de las instituciones y la defensa de los derechos humanos sigue siendo una agenda postergada. De nada sirve mostrar cifras macroeconómicas de crecimiento cuando millones de personas sufren las consecuencias por la desatención del estado.

Los acuerdos de paz no son propiedad del gobierno de turno. Su cumplimiento es una obligación no con la comunidad internacional sino con los propios guatemaltecos. La paz firme y duradera debe cimentarse sobre un desarrollo social, económico y político orientado a desarrollar un estado de bienestar y que responda a las necesidades de toda la población. 

Hasta la próxima semana.