Con información de Moisés Cottom. |Foto portada: El arzobispo de Miami, Thomas Wenski, habla en una conferencia de prensa en la arquidiócesis del Centro Pastoral de Miami, en Miami Shores, Florida. El letrero al fondo dice: “Niños, sí. Política, no”. (Wilfredo Lee / Associated Press)
El gobernador de Florida, Ron DeSantis, promulgó una nueva ley que prohíbe realizar contratos públicos con empresas que ayuden y transporten a inmigrantes y también amplía la cooperación de la policía local con autoridades migratorias. Informó Fernando Castro Molina, consultor migratorio.
Además la normativa amplía la definición de “política de santuario”, para evitar que ciudades o condados de Florida, limiten o prohíban que las policías locales proporcionen información migratoria a las autoridades federales, que tienen la competencia exclusiva en esta materia, lo que es preocupante.
Las agencias del orden que operan algún centro de detención, deberán a partir de ahora firmar un acuerdo con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), para participar en el programa 287(g), por el que agentes locales realizan funciones de aplicación de la ley de inmigración.
A la vez, el gobernador anunció además la formación de una “fuerza de ataque” conformada por efectivos de fuerzas del orden estatales, como la Patrulla de Carreteras y agentes locales para detener a traficantes de humanos y narcotraficantes.
Enfatizo el funcionario que la ley protegerá a los ciudadanos del Estado de La Florida de la crisis fronteriza de Biden” y no permitirá que empresas con contratos con el Gobierno federal, para transportar o cuidar de inmigrantes indocumentados, tengan vínculos económicos con gobiernes estatales y locales en la región.
El colmo
La ley, denominada SB 1808, a la vez, preocupa que penaliza a organizaciones religiosas como Caridades Católicas por cuidar a niños migrantes que llegan a EEUU, sin la compañía de sus padres y a aquellos que se encuentran en un estado de vulnerabilidad, al negarles las licencias estatales.
Esta ley pone una disputa entre el gobernador y el arzobispo católico de Miami, Thomas Wenski, quién denunció que la medida obligaría a cerrar albergues que acogen a los menores inmigrantes, incluidos los de Caridades Católicas.
«Un tema que insisto, debe ser difundido por el Ministerio de Relaciones Exteriores y del Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala CONAMIGUA, en campañas informativas en idioma castellano y mayas, como parte de su OBLIGACIÓN de orientar e informar a connacionales de nuevas disposiciones en contra de población migrante residente en Florida, EEUU.», dijo el consultor migratorio, Fernando Castro Molina.
«Es casi seguro que no será realizada la orientación, por lo que requiero colaboración a medios en darlo a conocer, como un servicio a la comunidad guatemalteca inmigrante en Florida», agregó Castro Molina.
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