La población mundial es de aproximadamente 8,002 millones de personas. El 33.2% son menores de 20 años; el 29.9% están entre 20 a 39 años, el 23.10% representan a las edades entre 40 a 59 años y el 11.8% son quienes están de 60 a 79 años. En conclusión, el 63.1% de la población son menores de 40 años. Somos una población joven.

La pandemia alteró todos los pronósticos para 2020 y dio lugar a la mayor crisis económica mundial en más de 100 años. Basta recordar que la economía mundial se contrajo alrededor de un 3 % y la pobreza aumentó en todo el mundo por primera vez en una generación. El Banco Mundial reportó que la tasa de pobreza global subió de del 7,8 % al 9,1 %. perdiéndose entre tres a cuatro años de avances para la erradicación de la extrema pobreza; y, en América Latina, de acuerdo con la CEPAL hubo un retroceso de 12 años en pobreza y 20 años en pobreza extrema.

Continúan los mismos problemas lacerantes de la humanidad: deshumanización en la satisfacción de los derechos a la salud, educación, alimentación, trabajo, vivienda, justicia, etc. Ante este panorama, el tema medio ambiental y todo lo que ello implica constituye, además, un asunto transversal que se ubica más allá de las fronteras, ideologías y territorios, pues se trata de preservar la naturaleza y también a la humanidad.

El derecho humano a la educación ambiental debe de constituirse como el medio más importante para transformar a las sociedades. Necesitamos políticas y programas educativos reales que ayuden a humanizar a la humanidad y en consecuencia a las sociedades. Urgen acciones para lograr un desarrollo educativo que preparen a los niños y jóvenes a educarse para la paz a través de programas inclusivos, sostenibles, innovadoras y aprovechando las bondades de manera positiva de la tecnología.

Una educación ambiental debe contener elementos lo suficientemente solidos para que promuevan y alienten a cambiar de hábitos personales y comunales que ayuden a entender del porqué de los grandes sufrimientos humanos y obliguen a los estados a desarrollar políticas públicas coherentes, reales y sustancialmente prácticas para sensibilizarnos ante las dramáticas realidades en que vivimos.

El humano derecho a la educación ambiental debe trascender este momento histórico y transformarla en lecciones de aprendizaje para el mañana, tomando en cuenta las acciones apostólicas concretas ajustadas a una amplísima diversidad de lugares, tiempos y personas como el fin y el sentido último de la vida y la misión en el ámbito personal y comunitario.

Las Naciones Unidas en el 2020 conceptualizo que “los derechos medioambientales son toda proclamación de un derecho humano a disfrutar de condiciones ambientales de una determinada calidad”; es decir, que se deben entender como derechos humanos que tienen relación directa con el entorno, que existen a nivel nacional cuando se incorporan a las constituciones o legislaciones de los estados; y, también que están consagrados en los mecanismos de desarrollo sostenible de las naciones unidas.

Hay retos que debemos de enfrentar y asumir: aumentar y crear estrategias de educación ambiental innovadora; trabajar para defender a las democracias como sistema político exigiendo al mismo tiempo que las políticas públicas deben ir dirigidas a tener sociedades inclusivas y diversas para humanizarnos y alcanzar la paz social, reconociendo que todos somos personas con derechos y deberes; y, desarrollar políticas públicas educativas en defensa de los derechos medioambientales y los derechos humanos como unidad, para tratar de alcanzar la Agenda 2030 y sus 17 objetivos a través de nuevas estrategias de desarrollo y medios innovadores de movilización de recursos y donde la educación juega un papel decisivo para los cambios estructurales que la humanidad necesita.

El humano derecho a la educación ambiental no es ideología, sino una guía de vida de solidaridad, de humanidad y de construcción de un mundo por ahora menos desigual y con más oportunidades para todos. Aún estamos a tiempo.

Hasta la próxima semana.