Defensores de derechos humanos en Nicaragua rechazaron esta semana la propuesta del presidente Daniel Ortega de hacer «borrón y cuenta nueva», en aparente alusión a lo acontecido en la nación tras las protestas de abril de 2018, que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha calificado como «crímenes de lesa humanidad».
Ortega asumió el 10 de enero su cuarto mandato presidencial consecutivo desde 2007, marcado por el aislamiento internacional, el debilitamiento de su base política y las sanciones contra su gobierno.
Ello en el contexto de que la mayoría de sus opositores estás tras las rejas desde antes de las elecciones celebradas en noviembre pasado.
«Es darle continuidad a la buena marcha que traíamos hasta antes de abril 2018. Eso, borrón y cuenta nueva, y vamos adelante», dijo el mandatario durante su discurso el lunes, fijando su meta para este mandato.
Activistas consultados describieron esa petición de Ortega como «anzuelo político» para buscar legitimidad.
«Ese borrón y cuenta nueva, es parte de la historia de nuestro país, cometer las peores atrocidades contra todo un pueblo y apostar a la impunidad. Ese tema dicho expresamente por el borrón y cuenta nueva tiene una implicación, deja en evidencia que el régimen sabe (…) y que el pueblo no olvida», dijo el integrante del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, Gonzalo Carrión.
El jurista brasileño Paulo Abrão, ex secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dijo a medios que Ortega parece no comprender que los derechos fundamentales cada vez están siendo tomados más en cuenta.
Durante el mandato de Abrão, la CIDH investigó las graves violaciones de derechos humanos cometidas en Nicaragua en 2018.
La CIDH estima que en el contexto de las protestas opositoras en abril de 2018 fueron asesinadas 355 personas, hubo 2.000 heridos y más de 100.000 partieron al exilio. Las protestas, que comenzaron por el rechazo de medidas de Ortega, fueron violentamente reprimidas a la Policía y fuerzas paraestatales simpatizantes del gobernante Frente Sandinista.
«El pueblo abrió los ojos»
Haydée Castillo, también defensora de derechos humanos y presidenta del Movimiento Nicaragüenses en el Mundo, estima que el planteamiento gubernamental es una invitación al pueblo de Nicaragua a olvidar las graves violaciones a derechos humanos.
«Es un mensaje bastante claro, probablemente diciéndole al pueblo de Nicaragua que hay que olvidarse de toda la barbarie que sucedió en abril de 2018, los crímenes de lesa humanidad, las torturas», expuso la activista.
Castillo, sin embargo, espera que no tenga éxito: «La rebelión de abril ha sido un parteaguas, creo que en casi de 200 años de historia por fin el pueblo abrió los ojos y está claro de la importancia de la verdad».
Con información de Daliana Ocaña / Voz de América / Fotografía ilustrativa Twitter Vladimir Cerrón
