Melissa Palacios es el nombre de la última mujer de 21 años que ha sido asesinada con muestras de violencia en territorio guatemalteco, de acuerdo a información proporcionada por el Ministerio Público y el Inacif. 

Desde hace una semana han figurado en redes sociales las imágenes de varias mujeres desaparecidas y a quienes los familiares han reportado a las autoridades para activar la alerta Isabel Claudina. Días después sus cuerpos han aparecido tirados en calles o carreteras con señales de haber sido mutilados y violentados física y sexualmente hasta darles muerte.

Hasta hoy día, no ha habido pronunciamiento del Ministerio de Gobernación por esos alarmantes hallazgos en contra de la población femenina de nuestro país, que según datos del inexacto (muchos sectores se han quejado de no haber sido visitados por ningún representante del INE para el censo domiciliar y poblacional) último censo de 2018 el Instituto Nacional de Estadística -INE- reporta que las mujeres somos el 51.5% de 16.3 millones de guatemaltecos. 

Según datos del Inacif, en 2016 del total de muertes violentas el 13.5% correspondía a mujeres. El año siguiente fue el 14.3%. Después, el 14.7% y en 2019 era del 14.9%. En 2020 se redujo a 14.4%.

La Policía Nacional Civil -PNC-, informó que de enero a mayo 2021 se han reportado 253 mujeres muertas de forma violenta. En el contexto de la pandemia por COVID-19 en 2020, hubo 358 homicidios de mujeres y 2,214 de hombres, para un total de 2,572 lo cual reportó un descenso. 

La coordinadora del área legal del Grupo de Apoyo Mutuo –GAM-, Karla Campos, explicó que en lo que va de este año se han registrado 42.077 casos de delitos contra la mujer y la niñez en Guatemala.

En los primeros 5 meses de 2021 la –PNC- registró un total de 7.279 denuncias de violencia intrafamiliar, que representan un incremento de 51.52 % en relación al mismo periodo de 2020. 

Para la Organización de Naciones Unidas La violencia contra las mujeres y las niñas se define como todo acto de violencia basado en el género que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o mental para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada. La violencia contra las mujeres y niñas abarca, con carácter no limitativo, la violencia física, sexual y psicológica que se produce en el seno de la familia o de la comunidad, así como la perpetrada o tolerada por el Estado.

Teniendo en cuenta el concepto de violencia contra las mujeres y niñas. Cabe hacerse la siguiente interrogante. 

¿Cuál es el actuar del Estado frente a este incremento de asesinatos de mujeres? La respuesta es: pasividad. Sí, están siendo observadores sin tomar acciones precisas que brinden garantías de acciones concretas para combatir este flagelo social en contra de las féminas guatemaltecas. Esas mujeres son hijas, madres, estudiantes, comerciantes, profesionales que contribuyen con su trabajo a nuestra sociedad y que así de tajo se les ha coartado el bien más preciado por un ser humano, la vida, pese a que de acuerdo al artículo 4 de la Constitución Política de la República de Guatemala que establece en su Artículo 3. Derecho a la vida. El estado garantiza y protege la vida humana desde su concepción, así como la integridad y la seguridad de la persona. Esas mujeres  han dejado en la orfandad a sus hijos, han dejado carreras inconclusas, familias mutiladas por el dolor y sufrimiento de la violencia de la que han sido víctimas sus hijas y a una sociedad sedienta de justicia.

Si fuera cierto que el Estado de Guatemala se organiza en pro de la Protección a la Persona, para proteger a la persona y a la familia; teniendo como fin supremo la realización del bien común. Y estableciendo como Deberes del Estado, garantizarles a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona, no tendría yo en este momento la indignación que siento al escribir estas letras y peor aún, no sentiría miedo de salir a la calle y saber si regreso sana y salva a casa para no dejar en la orfandad a mi menor hijo, a causa de la inseguridad imperante en nuestro país por la inoperancia, ineptitud y corrupción de quienes están a cargo de brindarnos seguridad, justicia, protección y garantizarnos condiciones de vida óptimas que nos permitan desarrollar nuestras capacidades como seres humanos, en busca del bien común por encima de intereses espurios de quienes ocupan cargos públicos con la única finalidad  de satisfacerse del sangrado y saqueado pueblo chapín.