¿Qué necesitamos para aspirar al bienestar…? 

En los países con el más alto IDH no sería motivo de confusiones y diatribas  intelectuales el poner en marcha políticas sociales y bienestar ciudadano y confundirlo intencionadamente con matices ideológicos, lo que sería un insulto a la inteligencia ciudadana y sobre todo la negación de los valores teleológicos del Estado.   

En una mirada contraria, los países con menor índice en el IDH evidencian inestabilidades políticas, instituciones capturadas, modelos económicos y productivos de carácter extractivista (Acemuglo; Robinson, 2015).  En estos países no solamente se distancian las oportunidades como fuente de expectativa para sus ciudadanos, que cierran la creación de empleo estable y digno; creando condiciones para extensas migraciones que culminan convirtiendo en otra manera de sostener los equilibrios macroeconómicos por las crecientes remeses en dólares que alimentan las reservas internacionales de los Bancos Centrales, donde sus directivos se ufanan de estabilidades anuales producidas con sangre, sudor y lágrimas de migrantes que viven soledades y crueles persecuciones donde residen. 

Estas comparaciones más allá de la crucial crítica por sus resultados permiten  abordar con mayor objetividad escenarios de cambios y reformas graduales para mejorar en el mediano y largo plazo a conglomerados que viven la tragedia de no poder romper los círculos intergeneracionales de pobreza y eventualmente quedarán condenados a la exclusión como pueblos indígenas que históricamente quedaron al margen de los beneficios del desarrollo en países como Guatemala.  

¿Es el debate económico la primera falla del sistema para la desigualdad? Al parecer y tal como lo explica Stiglitz (2000, 2010, 2019) a partir de la década de los ochenta en el siglo pasado, la desregulación estatal limito la capacidad institucional de intervenir en sistemas de asistencia ciudadana, creando modelos que tendieron a ofrecerse por el mercado, que si bien, pudieron influir con mayor eficiencia, no fueron a tono con los salarios y menos en ofertas para las áreas rurales.

Fue la época del cambio del paradigma del desarrollo al transitar de los servicios públicos universales a los servicios a la atención de la demanda focalizada, implico la cuestiona y controversial etapa denominada por los organismos multilaterales como la desincorporación de los activos estatales. Que generalmente se centraron en la venta de las grandes empresas Estatales de América Latina como la energía eléctrica, las telefónicas, los servicios agua, transporte y en múltiples casos, concesiones en la administración de puertos, aeropuertos y servicios vitales, en algunos casos desagregando en atenciones privadas como la salud.  

En esa época los Estados no evolucionaron con liderazgos políticos y los partidos no representaron ni la defensa de políticas sociales y tampoco la construcción de proyectos políticos que fortalecerían en el largo plazo al Estado. 

Estos en las primeras décadas del siglo XXI fueron presa de poderes extremistas que  debilitaron primero (estratégicamente) los sistemas de justicia y luego los sistemas presupuestarios y gasto público en procesos de contrataciones sospechas debilitando programas sociales. 

¿Fue el modelo económico el promotor de la falla en las respuestas sociales? Al parecer el mercado actúo en el marco de los beneficios políticos que alejaron procesos fiscales progresivos por los regresivos, aumentaron endeudamientos locales para financiar presupuestos anuales sin ninguna capacidad de inversión en la formación de capital social y menos en infraestructura competitiva para facilitar especio a mercados, lo que finalmente fue un contrasentido para los sectores económicos dado que no se garantizó la modernización de la infraestructura ¿Qué pretendía el sector privado al apoyar el comportamiento opaco del Estado?. 

Tal como lo afirma CEPAL (2019) el papel del Estado tiene como primer objetivo reducir aquellos factores que inciden en escenarios de protección del ciudadano (exclusión) lo que evidentemente corresponde a la función teleológica vinculada a proteger la vida del individuo, la familia y la sociedad, pero ¿Quién depende, de partidos políticos debilitados, sectores económicos o finalmente de la sociedad desbordada en demanda de reformas? 

La protección por supuesto debe entenderse a partir del entramado institucional del Estado que a partir de la eficacia de los bienes públicos (García; Chacón, 2018) construye sistemas de planificación que deben impactar en la realidad social para transformarla con sentido de movilidad social y construcción de canales de ascenso social. 

Desde esa dimensión y tal como expresó el Comité de Expertos en administración pública, de Naciones Unidas (ONU, 2018) los ODS deberán perfilar un marco de regulaciones dentro de la gestión pública para que los sistemas de facilitación de servicios sean capaces de impactar en la vida de los ciudadanos para alcanzar de forma gradual condiciones de bienestar que sea medible y verificable. 

Resulta particularmente extraordinario el Objetivo 16 ODS dedicado a la Paz, Justicia e Instituciones fuertes, en el que, con excepcional claridad centra todo el esfuerzo del Estado en alinear hacia la reducción gradual de las desigualdades mediante la intervención Estatal (Christian Aid, 2017).

Por otro lado y tal como afirma Alicia Bárcenas (2019) “la disminución de la desigualdad de ingresos es clave para retomar la senda de la reducción de la pobreza y cumplir con las metas establecidas en el Objetivo de desarrollo 1 de la agenda 2030”. 

Es seguramente Piketty (2014) quien a partir del análisis económico puso en el centro de la discusión el debate sobre los efectos de las desigualdades a partir del comportamiento de la concentración del capital en reducido número de individuos en el planeta y cómo su alta influencia en las decisiones políticas de los gobiernos inciden, no solamente para mantener el crecimiento sostenido de sus fortunas, sino su incidencia en la estructura financiera internacional (Stiglitz, 2019)  ¿Cómo construir el proyecto que acelere la institucionalidad pública para el bienestar? ¿Cuándo empezamos…?