Los cambios que experimentan las sociedades están induciendo a un reclamo extendido para encontrar vías de solución ante deterioros sociales implacables con su cauda impredecible en la coyuntura social.  Por otro lado, la inercia hacia mejores escenarios de competitividad internacional también está exigiendo nuevas formas para incorporarnos de manera eficiente a las nuevas tendencias del mercado.

Se quiere encontrar respuestas y soluciones con la misma rapidez con que se derrumban los paradigmas.  Esto es razonable, particularmente para la clase política y para las elites económicas y financieras que tendrán que encontrar respuestas y soluciones.  Sin embargo, ¿qué papel juega la administración pública en la coyuntura de construcción de nuevas agendas? ¿Hasta dónde se encuentran los límites de la aportación?   

En esta etapa no basta simplemente con reconocer que estamos al borde de nuestras propias capacidades.  La modernización emprendida en América Latina brinda lecciones concurrentes, para mencionar el caso Chileno, brasileño y mexicano, que representan hoy en día las economías más prosperas del continente en las que basan  su desarrollo y crecimiento en cuatro criterios:

1. Estabilidad política y altos niveles de consenso político con un claro proyecto de largo plazo.
2. Orden macroeconómico con políticas fiscales vigorosas.
3. Inversión en capital social orientado a las nuevas perspectivas tecnológicas.
4. Mundialización de sus economías 

Es evidente, estos criterios están ayudando a los Estados arriba citados a medir sus niveles de competitividad haciendo atractivo en este caso la inversión extranjera por encima del resto del continente.  

La primera lección que debemos aprender es que debemos concertar el proyecto de nación debiendo invertir todos los recursos necesarios para un gran acuerdo que le corresponde a la clase política. Sin embargo, para los efectos de la administración pública la gran lección es que no puede ser ajena a los procesos de cambio.   

Las reformas en el aparato público en este caso no son y no deben ser simples reformas legales, sino adecuaciones y transformaciones en los que el desarrollo de las capacidades desde la amplia perspectiva propuesta por Amartya Sen (1992) involucra contextos amplios que van más allá del ingreso para superar la pobreza.  La administración pública y el empleado público deben involucrarse en grandes marcos de cambio y no ser simplemente objetos para la ampliación o reducción numérica. 

Para emprender el cambio y sostener la continuidad no es cuestión simplemente de estabilidad laboral o de mejoras en las condiciones del ambiente de trabajo.  Hacerlo  así es reducir no solo su papel emprendedor sino las posibilidades ciudadanas de ser parte de la construcción y andamiaje de responsabilidades que involucran al servidor público.

La estrategia para el cambio depende de los grados de intensidad gubernamental para intervenir en los grandes temas nacionales en el largo plazo.   Si las tareas para elevar en 10 años todos los niveles educativos del país representan el Proyecto de Nación, entonces el papel del sector público en educación deberá volcarse en esfuerzos para elevar la capacidad de sus activos sociales. 

Por otro lado, si la estrategia implica profundizar en los niveles de competitividad internacional para hacer atractiva la inversión externa, las tareas entonces deberán orientarse a mejorar y reformar las estructuras legales y financieras que faciliten  medidas que otorguen confianza mediante certezas jurídicas a la propiedad y mecanismos que confirmen la estabilidad social y política.  Si esto es la agenda de largo plazo, entonces la inversión en el capital social requiere  mayores acuerdos para invertir en recursos humanos altamente preparados.  

En este caso, las propuestas innovadoras hacia el uso de tecnologías de vanguardia no deben ser privativas solamente de los conglomerados productivos.   En esto debemos evitar caer en la tentación de creer que solamente los espacios rentistas deben ser sujetos de corrientes innovadoras y creativas.  

 No podemos competir hacia fuera con un sector público maniatado de flaquezas  y debilidades institucionales ¿Hasta dónde puede el empleado público incidir en procesos de gestión de calidad que impacte en la realidad social de Guatemala? ¿Cómo construir confianza y credibilidad en la ciudadanía?