Las debilidades estructurales de los estados en América Latina facilitan el inadecuado uso y ejercicio del poder por personas o grupos sociales que persiguen la imposición de intereses particulares sobre intereses nacionales. Esa debilidad se ve reflejada en que millones de personas necesitan acceso a bienes y servicios, seguridad ciudadana, justicia pronta y cumplida, etc.

Desafortunadamente y pese a todos los esfuerzos realizados por fortalecer una cultura de tolerancia y dialogo, la violencia continúa siendo parte de la cotidianeidad, ya que, por diversos factores y circunstancias, se viven procesos dinámicos de interrelaciones sociales destructivas, con el agravante de la ausencia de formas pacíficas capaces de transformar los conflictos o políticas institucionales que los atiendan. Agregado que estas culturas de violencia se caracterizan por el uso de la amenaza, coerción, la fuerza y la violencia en todas sus manifestaciones, y expresándose en forma de agresiones físicas, psicológicas, morales, o verbales, que ejercen individuos, grupos de personas o instituciones, en contra de otras personas.

Ante la violencia social, urge respuestas y acciones rápidas a través de políticas públicas que permitan prevenirlas y evitarlas para que los gobiernos durante sus mandatos sepan lidiar con potenciales situaciones de conflictividad social que se vienen arrastrando de gobierno a gobierno sin que haya soluciones sociales profundas. Las sociedades están cansadas, las demandas sociales no pueden esperar y todos esperan respuestas inmediatas. 

Cada estado debería de crear una política de prevención de conflictos sociales como una herramienta destinada a orientar las acciones del Poder Ejecutivo para la atención de la conflictividad social por medios pacíficos y de respeto a los derechos humanos como eje transversal de una cultura de paz donde la responsabilidad es de toda la sociedad y del Estado. Esta política debe contener objetivos y lineamientos que orienten las acciones transversales de las instituciones del ejecutivo y otras valorando su sentido pleno en el desarrollo de las acciones y políticas que como estado se ejecutan en el ejercicio de la democracia; y, debe estar fundada en valores, actitudes y comportamientos para promover la tolerancia, solidaridad y cooperación.

Si se tienen las bases para identificar, prevenir, abordar y transformar conflictos en su fase inicial, privilegiando el diálogo, la negociación y construcción de consensos y contribuyendo a encaminar su solución a partir de los propios actores involucrados a manera de resolver conflictos económicos, sociales y culturales, nuestros estados serian diferentes. 

La urgencia de una política significaría en cada país un avance en la prevención y solución de los conflictos sociales fortaleciendo a las democracias; y, constituirían modelos para otros países de la región que carecen de este tipo de políticas y representaría un aporte a las sociedades. 

Hasta la próxima semana.