En las últimas décadas la mayoría de los países de América Latina y el Caribe han sido muestra de una gestión pública y política carente de valores, marcada en casi todos sus gobiernos por escándalos de corrupción e involucramiento de altas autoridades y funcionarios en desfalcos, malversaciones, compras de voluntades, estafas, etc. Esto ha llevado a las sociedades a desconfiar en la democracia, partidos políticos, instituciones del Estado y sobre todo en los gobernantes; y, en consecuencia, ha mermado las esperanzas de las mayorías para sentirse parte de los estados.

Para poder retomar el camino hacia la construcción de sociedades prósperas y solidarias es necesario que recuperemos la confianza en las instituciones del Estado, donde cada uno juegue un rol que la vida y la historia nos ha de colocar, sin otro interés más que el del bien común y trabajando especialmente por las poblaciones que aún no tienen los servicios más básicos para su subsistencia. Para lograrlo se necesitan ciudadanos comprometidos y con conductas y prácticas que reflejen altos valores morales y éticos para buscar consensos, trabajar con probidad, transparencia y austeridad y a retomar los valores democráticos como un marco orientador de la acción de los Estados.

Las experiencias en políticas públicas -algunas más que otras- reflejan muchas veces poca atención de focalización, carencia de un adecuado diseño y evaluación de resultados, centralización en la administración y ejecución de las políticas, baja interrelación o coordinación entre las políticas sectoriales y territoriales, así como la intermediación social de los fondos públicos que no han sido capaces de generar desarrollo ni disminuir los altos índices de pobreza que más aun con la pandemia se han incrementado en la región; y, que no logra reducir las grandes desigualdades a pesar del “crecimiento económico” que muestran muchos de los países.

El desencanto por los políticos y que en gran parte han contribuido a las crisis políticas, económicas y sociales, es razón suficiente para que, a través de espacios públicos, nos comprometamos a una participación política activa donde podamos contribuir en espacios solidos, con doctrinas e ideologías ni de un extremo u otro, pluralistas, democráticos, participativos, inclusivos y con una visión diferente de lo que son los estados hasta ahora, que permita fortalecer a las democracias y recuperar los valores sociales para construir respuestas reales a las necesidades que como sociedad se tiene.

La construcción de los estados debe ser hecho desde un enfoque integral de las políticas públicas a través de procesos de participación y construcción de consensos para implementar acciones inmediatas que aborden la focalización de la inversión social, la lucha contra la pobreza y la inequidad para lograr sociedades inclusivas, diferentes, ni mejor o peor; simplemente, diferentes. Ese es el mayor desafío.

Hasta la próxima semana