El Departamento de Estado de Estados Unidos, emitió una nueva actualización de alerta a sus ciudadanos sobre los riesgos de visitar Nicaragua debido a la pandemia del “COVID-19, la disponibilidad limitada de atención médica y la aplicación arbitraria de las leyes” por parte del gobierno de Daniel Ortega.
La alerta cita además que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC, por sus siglas en inglés) emitieron un aviso de salud para viajes de nivel 4 dirigido a Nicaragua debido al COVID-19 y a los riesgos de contraer la enfermedad y al mismo tiempo enfrentarse a no poder contar con atención de salud adecuada a causa de la escasa “disponibilidad de atención médica” en el país.
Los CDC además resaltaron otras limitaciones que tienen relación con la efectividad y emisión de las pruebas negativas de COVID-19, requisito para entrar a Estados Unidos.
Legislación arbitraria y delitos violentos
Según el Departamento de Estado “el gobierno de Nicaragua aplica las leyes de manera arbitraria con fines políticos», tanto funcionarios gubernamentales como cuerpos de seguridad “continúan apuntando a quienes se oponen al gobierno del presidente Ortega”.
El aviso señala que el gobierno y sus grupos afiliados “apuntan sistemáticamente a figuras de la oposición [independientemente de su nacionalidad], incluidos antiguos aliados, activistas políticos, representantes empresariales, clero, defensores de los derechos humanos y miembros de la prensa”, lo que se convierte en detenciones arbitrarias y prohibiciones que impiden que determinadas personas puedan salir de Nicaragua por vía aérea o terrestre.
Esta alerta se da justo después de la más reciente reforma realizada al Código Procesal Penal del país que extiende el plazo de detención a una persona para ser investigada. En este plazo podría pasar detenida hasta noventa días, es decir tres meses, sin que haya una acusación formal de un juez. Antes el plazo era de 48 horas.
En su momento, el jurista José Pallais indicó a la Voz de América que dicha reforma era “violatoria de los derechos humanos” y consideró que con ella se retrocede en los avances logrados en materia penal.
“Esta reforma pretende ampliar a 90 días el periodo en que un ciudadano puede estar detenido sin que se le haga acusación alguna, es decir puede estar en las cárceles de Ortega sin que la justicia prepare la acusación, sin que se le señale qué delito ha cometido o le digan por qué está detenido, esto va contra el principio de inocencia”, denunció el jurista nicaragüense.
Hasta el momento las organizaciones de la sociedad civil contabilizan más de 100 presos políticos en el país y cientos de exiliados por la crisis que inició en abril de 2018.
Pero el oficialismo, señala que en Nicaragua “avanzan en materia de derechos humanos” y argumentan que otras leyes, como la que autoriza la cadena perpetua, también aprobada este año, ya existen en América Latina y Estados Unidos.
“Las reformas recientes tienen el objetivo de fortalecer, consolidar, las garantías procesales establecidas en la Constitución de Nicaragua», sostiene el diputado oficialista Carlos Emilio López a la VOA.
Por otro lado, Estados Unidos alertó que el gobierno de Ortega sigue apuntando sistemáticamente a figuras de oposición, activistas políticos, defensores de derechos humanos y miembros de prensa, tal y como ocurrió este jueves cuando oficiales de la Policía Nacional allanaron por tercera vez en menos de un mes, la vivienda del periodista Aníbal Toruño, en la ciudad de León.
Pandemia
Otro punto que el gobierno estadounidense recalcó al emitir su recomendación fue “la disponibilidad limitada de atención médica” que existe en Nicaragua por el nuevo coronavirus.
“Los viajeros deben esperar retrasos al regresar a EE. UU., y hay una disponibilidad reducida de vuelos”, advirtió el Departamento de Estado. Esto, en referencia a la alta demanda de viajes que hay en Managua, y las pocas aerolíneas que están en el país, en razón de las trabas impuestas por el gobierno de Ortega, según denuncias del sector privado.
Esto ha provocado por otro lado el aumento de los costos para viajar de Managua a Estados Unidos, indicó la patronal nicaragüense en un comunicado días atrás.
Además, dentro de las advertencias están las relacionadas a los delitos violentos como “asalto sexual y robo a mano armada”, así como las limitaciones con las que se enfrenta la embajada de EE. UU. en Nicaragua por la mala infraestructura en algunas partes del país, lo que podría impedir la capacidad para ayudar a los ciudadanos estadounidenses en emergencias.
“El personal del gobierno de Estados Unidos puede estar sujeto a restricciones sobre sus movimientos en cualquier momento”, puntualiza el documento.
Con información de Houston Castillo Vado y Lenny Castro / Voz de América
