El gobierno de Estados Unidos prepara una nueva fase de presión enfocada en la familia presidencial Ortega-Murillo, de acuerdo a fuentes con conocimiento de los planes. La estrategia fue refrendada por el principal asesor para asuntos hemisféricos del presidente Joe Biden, Juan González, durante una entrevista exclusiva con la Voz de América.
«Lo que está haciendo la familia Ortega-Murillo es que está tratando de organizar una dinastía, porque Murillo no tiene apoyo político en el país, y está preparándose para ir a tomar el poder», dijo González.
Las acciones que estudia la Casa Blanca ocurren tras la detención de al menos 32 figuras políticas de oposición, incluidos siete precandidatos presidenciales y una aspirante inscrita para la vicepresidencia, de cara a las elecciones pautadas para noviembre.
González indicó que continuarán «sancionando a individuos e incrementando la presión económica sobre el régimen» desde Washington y con el apoyo de aliados internacionales.
Desde 2019, Washington ha sancionado a al menos cuatro hijos de la dupla Ortega-Murillo, que administran varios canales de televisión y empresas petroleras. La última añadida fue Camila Ortega Murillo, en junio, quien se desempeña como coordinadora de la Comisión de Economía Creativa.
Para hacer frente a las sanciones, el partido de gobierno creó un andamiaje legal, que castiga a quienes «aplaudan» estas medidas, catalogadas como»golpistas» e «intervencionistas».
Estados Unidos, Canadá y varios países de la Unión Europea han impuesto recientemente sanciones a funcionarios del gobierno sandinista, incluida la vicepresidenta y esposa de Ortega, Rosario Murillo. El gobierno, sin embargo, ha respondido a las acciones con más represión y la cancelación del principal partido opositor del país.
Murillo, quien es considerada como una figura de poder clave entre las filas del Frente Sandinista, «ha despojado la institucionalidad de la organización y ha ido colocando solo a fichas fieles a sus mandatos, pero existe un rechazo disfrazado en su contra», comentó desde Managua a la VOA Héctor Mairena, vocero del movimiento de izquierda UNAMOS, que aglutina a disidentes sandinistas.
El ascenso al poder de Murillo es «el pago que Ortega le ha dado porque lo apoyó cuando se dio la denuncia de su hija Zoilamérica por los abusos que cometió [Daniel Ortega] contra ella», opinó Mairena.
El Congreso apunta a las finanzas
Las sanciones individuales de Estados Unidos y otros países no han «cambiado el comportamiento» de Ortega, por ahora, y según expertos podrían no hacerlo. En la nueva fase de presión, legisladores estadounidenses apuntan a estudiar el impacto que pudieran generar posibles designaciones dirigidas al sector económico, una vía que goza de respaldo bipartidista.
La recientemente aprobada ley «Renacer» expande «la supervisión de los préstamos de las instituciones financieras internacionales», e insta a la administración Biden a examinar la participación continua de Nicaragua en el Tratado de Libre Comercio con Centroamérica (CAFTA), resaltó uno de sus autores, el demócrata Robert Menéndez.
González reveló en junio que la expulsión de Nicaragua del CAFTA no había sido tomada en consideración hasta entonces y dudó sobre la «legalidad» de poder hacerlo.
Desde la mirada de la experta Cynthia Arnson, del Wilson Center, un centro de pensamiento en Washington, el tipo de medidas económicas contempladas en la ley Renacer -y en la Nica Act, aprobada en 2018- complicarían la capacidad de maniobra de Ortega, pero advierte sobre el efecto «muy negativo» de estas acciones, «más que nada sobre la población, y no sobre el régimen en sí mismo».
Por su parte, el senador republicano Marco Rubio, de Florida, apoya la utilización de «todas las herramientas para responsabilizar al régimen represivo de Ortega y a su familia».
Con información de Jorge Agobian / Voz de América / Foto ilustrativa Twitter Santiago Aburto
