El problema de la explotación minera en Guatemala tiene una larga historia que viene desde mediados del siglo pasado, las zonas petroleras que tiene el país fueron arrebatadas a los campesinos, quienes sufrieron las consecuencias de las empresas transnacionales de explotación de los recursos naturales, esto en convenio con las cámaras empresariales aglutinadas en el CACIF, y los gobernantes, el problema de las extractoras es que se llevan los recursos sin pagar impuestos al fisco, esto por una forma entreguista de los gobiernos que han dado los recursos del país sin mayores garantías de un desarrollo hacia las comunidades, lo mismo paso cuando explotaron petróleo en la región del norte del país, a sangre y fuego desalojaron las tierras de los campesinos, quienes han sufrido las consecuencias de las malas gestiones de los gobiernos que actúan de forma irresponsable.

La primera experiencia que se conoció sobre este problema viene desde finales de la década de 1960, cuando estuvo gobernando Méndez Montenegro, se formó una comisión de alto nivel encabezado por la Universidad de San Carlos de Guatemala dirigido por el Dr. Adolfo Mijangos López, así como el Lic. Rafael Piedrasanta Aràndi,  quienes se opusieron férreamente  en contra de la explotación del Níquel en el municipio del Estor, previo a un estudio donde Guatemala no obtenía las regalías de una explotación de esa naturaleza, ya para 1970 tomo posesión Arana Osorio, lo primero que hizo fue imponer un estado de sitio por ocho meses aduciendo que el país estaba en una escalada de violencia, por lo que el mismo Dr. Mijangos López se opuso rotundamente porque eso permitía para que el gobierno actuara con mayor represión en contra de los opositores.

El 13 de enero de enero de 1971 el escuadrón de la Mano Blanca, un grupo paramilitar se encargó de asesinar al diputado opositor, sin importar que tenía invalidez  y se desplazaba en silla de ruedas, además era uno de los mejores jurista que tenía Guatemala, el otro profesional sufrió un atentado para secuestrarlo pero no lo encontraron y se tuvo que ir al exilio, después de estos casos violentos el presidente Arana firmo con la empresa para que entrara a funcionar en contra de todas las desventajas que Guatemala obtendría, la Compañía minera era la INCO-EXMIBAL de Canadá, además tuvo la aprobación de la junta directiva del Banco de Guatemala quien daba el aval, posteriormente la empresa  obligo al gobierno que hiciera un préstamo por US$ 93 millones de dólares a favor de ella, pero el préstamo salió a nombre de Guatemala y la empresa explotadora se comprometió a pagar esa deuda, cuando se retiró no pago la deuda.

Lo que está pasando hoy en día en el Estor, es una muestra de los poderes que ejercen los gobernantes, quienes aceptan sobornos a cambio de reprimir a los opositores, entregan los recursos naturales que son irrenovables, sin que el país obtenga regalías para beneficio de la población,  aunque se hayan hecho consultas en las comunidades no las respetan, actúan en contra del Convenio 169, en uno de sus artículos menciona que no se debe  reprimir a las comunidades, la Corte de Constitucionalidad había dictaminado que la  empresa explotadora ya no tenía licencia para seguir operando y lo mismo dictamino la Corte Suprema de Justicia, pero el gobierno la defiende en contra de las resoluciones y no le importa reprimir y poner estado de sitio, militarizando a las comunidades…continuará.