En seguimiento a la visita a Guatemala de la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris a inicios de junio y el anuncio de la formación de una fuerza de tarea contra la corrupción, el Departamento de Estado confirmó la restricción de visas para funcionarios y exfuncionarios vinculados a acciones que atenten contra la democracia.
La medida puede interpretarse como un mensaje de que quienes debiliten el estado de derecho no son bienvenidos en Estados Unidos.
Para Pablo Hurtado, secretario ejecutivo de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES), pese a estas medidas, Estados Unidos mantiene buenas relaciones con los países del norte de Centroamérica pues sus esfuerzos van encaminados a reducir la migración irregular que amenaza la seguridad de la nación norteamericana.
“Existe una conciencia de la necesidad que existe de fortalecer la institucionalidad y el combate a la corrupción en nuestros países, como una condición necesaria para un mejor funcionamiento de los Estados, y que eso a su vez, pueda tener un efecto positivo en la migración irregular”, indicó.
Y aunque es un llamado de atención para Guatemala, Hurtado asegura que son acciones que solo tienen efecto en Estados Unidos.
“Son medidas tomadas desde Estados Unidos que afectan el ámbito y jurisdicción de Estados Unidos, no tiene un efecto en cuanto a juicios y procedimientos que se lleven a cabo en Guatemala, sin embargo, sí es un elemento que coadyuva a esa necesaria e importante lucha contra la corrupción”, aseguró.
El experto explica que las medidas surgen tras la destitución del exfiscal contra la Impunidad Juan Francisco Sandoval y que deben ser aplicadas a cualquier funcionario que incurra en corrupción. Además, dijo que las sanciones no se deben personalizar hacia a uno u otro funcionario, sino “a cualquiera que cometa corrupción”, pues considera que debe ser aplicable o válido para todo nivel de funcionario.
Finalmente explicó que el punto medular es lo que va a pasar de ahora en adelante, como efecto de los cambios que se han hecho en la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), pues recientemente fue removida la fiscal que sustituyó a Sandoval y fue nombrado en el puesto Rafael Curruchiche, situación que también generó reacciones de rechazo por Estados Unidos.
Mientras, los guatemaltecos siguen manifestando su descontento ante las autoridades del gobierno y del Ministerio Público. Jorge Ponce es un maestro jubilado y apoya las medidas que Estados Unidos anunció.
“Nuestro gobierno desconoce lo que es la integridad y por eso se perdió ya la confianza y la credibilidad. A la corrupción gubernamental se debe la pobreza, la desnutrición y la decadencia moral, social y económica”, refirió, y considera que este tipo de sanciones para corruptos deben ser “de por vida”.
Con información de Eugenia Sagastume / Voz de América / Foto ilustrativa Stereo 100
