Nunca antes como ahora el debate de la desigualdad fue contundente, particularmente a partir de la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS (ONU, 2015) en el que pone como centro  los objetivos del desarrollo humano y la sostenibilidad ambiental en favor de la humanidad y principalmente aquellos en situación de exclusión y sin acceso al bienestar.

Si bien el marco general de los 17 objetivos, 169 metas y 231 indicadores abarcan un amplio panorama que interpreta rutas para el conjunto y totalidad global de la que forman parte la humanidad, es por primera vez que se hace en un lenguaje de excepcionales y gigantescas interpretaciones planetarias que otorga sentido y valor a la vida, pero no apartada de la sociedad, sino dentro de las amplias dinámicas humanas, históricas en el porvenir de las sociedades futuras. 

Recurre a un lenguaje mediador de la humanidad y resalta a los pueblos y sus culturas, sus avances tecnológicos y su porvenir. Vale destacar que identifica a la persona y sociedad en su entorno y posiciona al ser humano en un contexto de realización y todo ello lo reúne en uno de los términos que será parte de la política, la narrativa del desarrollo y la perspectiva futura del planeta: bienestar.

Desigualdad, un término cruel que identifica a millones de seres humanos como resultado de la ausencia de políticas públicas de protección social que se explica a causa de las distorsiones del sistema económico y político. 

Identifica con plena sencillez  a los conglomerados vulnerables que no tienen la posibilidad de ser parte de los beneficios de la economía, no tienen oportunidades acceder a los bienes de producción y capital y se encuentran excluidos de la políticas Estatales; a los que hacen vivir en la desesperanza, no por decisión propia, sino como resultado de exclusiones económicas intencionadas… y que encuentran en la migración la única opción de vida.

Esa condición de desigualdad no la explica como simple limitación al acceso de los beneficios del bienestar.  No, por el contrario. Va más allá y extiende una amplia caracterización de quienes se encuentran históricamente dentro de aquellos limites denominados de exclusión, al no acceder a la educación, salud, vivienda, empleo, agua, energía eléctrica, infraestructura, seguridad y todas aquellas condiciones que limitan ser parte de la vida productiva al no contar con factores mininos como bienes de capital y servicios.

Profundos y extensos estudios sobre las derivaciones e implicaciones de la desigualdad, en los últimos años se ha entendido como las personas ven  agravadas su entorno con riesgos del cambio climático que distorsiona el ambiente en un aumento de depresiones tropicales, movimientos sísmicos, elevadas temperaturas y sus efectos en la producción de alimentos que aumenta la pobreza y la desnutrición, particularmente quienes no tienen acceso a la propiedad de la tierra y viven bajo la amenaza e inseguridad vida…  que tal como dice Solares (2021) la migración resulta la única esperanza. 

A ello se suman las inestabilidades políticas y sus prolongados procesos de conflictos que son fuente de gigantescas migraciones (Norte de África a Europa y Triangulo norte de Centroamérica a USA). 

A ello se agrega la gestión ambiental con ausencia intencionada de regulaciones del agua,  tratamiento de desechos y aguas servidas que contamina los cuerpos de agua dulce. Ello se ve profundamente agravado con la ausencia de instituciones públicas sin capacidad de producir bienes públicos, ya sin decir de calidad.  Estados con instituciones debilitadas por sectores de poder que exhiben comportamientos opacos y en algunos casos  coludidos con capitales emergentes fuera del control de instituciones de seguridad y justicia.        

Esas condiciones alcanzan niveles altamente dramáticos para quienes no tienen acceso a enfrentar un modelo de Estado que no abre las expectativas a sistemas democráticos prósperos. En esos casos la prosperidad se concentra en porcentajes bajos de la Población Económicamente Activa (PEA) que tiene altos porcentajes del Producto Interno Bruto anual (PIB) donde fácilmente pueden detectarse desigualdades estructurales y prácticas extractivistas del Estado (Robinson, 2019). 

Esa realidad permite revisar marcos comparativos globales. Por ejemplo hoy en día, más allá de excusas ideológicas para negar la demanda ciudadana de cambios y mejoras en la condición de vida países que presenciaron altos niveles de crecimiento en el pasado (Chile, Colombia, Costa Rica, Argentina) hoy se encuentran en procesos revisionistas para reencontrar rutas futuras de mayor equidad social y económica, que en leguaje de los ODS se denomina reducir desigualdades y construir bienestar sostenible. 

Uno de los casos de mayor asombro se encuentra los primeros 10 países del Índice de Desarrollo Humano (PNUD, 2021) Dinamarca, Islandia, Filandria, Noruega, Suiza y Canadá con modelos estables, prosperidad real que se extiende a toda los sectores sociales. 

En estos países el modelo está construido sobre democracias con alternabilidades formales, instituciones estables y sistemas derecho creíbles que en nada dependen de elites político partidarias o económicas. Con sistemas económico productivas en franca competitividad basada en políticas fiscales progresivas. Con políticas públicas de largo plazo que apuntan al bienestar ciudadano, sin peligro que nadie confunda bienestar social con socialismo. Y finalmente con patrones de relación Estado-ciudadano incuestionables basados en el bienestar y la prosperidad futura.