Los diputados sandinistas con amplia mayoría en la Asamblea Nacional de Nicaragua presentaron un proyecto de “Ley de regulación de agentes extranjeros”, que busca controlar los fondos que reciben del exterior personas individuales, empresas, ONG y periodistas de medios locales e internacionales.
La polémica iniciativa, que ha generado fuerte rechazo de sectores de la oposición, fue presentada el pasado martes 22 de septiembre ante la primera secretaría del Legislativo por la bancada del gobernante Frente Sandinista, liderado por el presidente Daniel Ortega y que controla 70 de los 91 escaños parlamentarios.
El diputado sandinista, Wilfredo Navarro, dijo en la sesión parlamentaria que el objetivo de la ley es prevenir «delitos contra la seguridad del Estado». La nueva norma pretende prohibir que toda organización o persona natural, que reciba financiamiento de gobiernos y agentes internacionales, intervenga en las políticas internas del país.
«Toda injerencia extranjera en los asuntos internos de Nicaragua a cualquier intento de menoscabar esos derechos atentan contra la vida del pueblo, es deber de todos los nicaragüenses preservar y mantener estos derechos», dijo Navarro a la Asamblea Nacional.
La ley establece un control sobre las «personas naturales y jurídicas que respondan a intereses y financiamiento para realizar actividades en injerencias de gobiernos u organizaciones extranjeras en los asuntos internos de Nicaragua, poniendo en riesgo la seguridad del Estado».
La disposición obliga a quienes reciban «fondos monetarios, bienes activos y objetos de valor extranjeros» a inscribirse ante un «Registro de Agentes Externos» creado por la misma ley y manejado por el Ministerio de Gobernación.
También deberán registrarse quienes laboren como «consejeros, relacionistas públicos, agentes de publicidad, empleados de servicios de información o consultores políticos para o en interés de gobiernos, empresas o fundaciones extranjeras» que soliciten, reciban o desembolsen fondos.
Los que sean identificados como «agentes extranjeros» deberán «abstenerse, so pena de sanciones legales, de intervenir en cuestiones, actividades o temas de política interna».
También tendrán «prohibido financiar o promover el financiamiento a cualquier tipo de organización, movimiento, partido político, coaliciones o alianzas políticas o asociaciones que desarrollen actividades políticas internas en Nicaragua»., según especifica el proyecto de ley en uno de sus capítulos.
Algunas reacciones
De ser aprobado, el Ministerio de Gobernación tendrá la potestad de cancelar la personería jurídica y de «intervenir los fondos y los bienes muebles e inmuebles» de quienes incumplan la cuestionada normativa.
«(Daniel Ortega) está preparando al país para robarse las elecciones, que la gente salga a las calles a protestar contra él, y él tiene lista ya las herramientas de cadena perpetua, delitos de lavado, financiamiento extranjero, es un juego concatenado. Es bien complicado el panorama», dijo a la VOA el exdiputado y analista político, Eliseo Núñez.
Uno de los primeros en rechazar la propuesta fue el director ejecutivo de la opositora Alianza Cívica, Juan Sebastián Chamorro.
«Esta es una ley aberrante, confiscatoria e inconstitucional. Lo que trata en el fondo es reprimir a los opositores nicaragüenses», expresó Chamorro.
El coordinador de Derechos Humanos de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, Guillermo Medrano, dijo a la periodista Lucía Pineda, de 100 % Noticias, que los nicaragüenses no pueden ser tratados como «extranjeros».
«Inmediatamente se violenta el artículo 16 de la Constitución que me dice cuáles son las personas extranjeras, nosotros como nicaragüenses no tenemos que irnos a registrar a ninguna institución como extranjeros porque no somos extranjeros, somos nicaragüenses, nacidos en Nicaragua y la Constitución nos ampara nuestro derecho», dijo Medrano.
En esa misma línea Martha Patricia Molina, de la ONG Observatorio Pro Transparencia y Anti corrupción, opinó que la nueva regulación «destroza la Ley de Participación Ciudadana en tanto vulnera el principio de igualdad establecido en la Constitución».
Entre los periodistas críticos al gobierno, la ley es vista como «un nuevo zarpazo a la libertad de expresión», toda vez qe buscaría controlar el financiamiento a gremios y medios informativos independientes.
La poeta, novelista y activista, Gioconda Belli, reaccionó en su cuenta de Twitter: «La dictadura quiere despojar de la nacionalidad nica al que se atreva a contradecir las patrañas de la psicópata y su violador marido. Declararlo «extranjero» para callarlo, para evitarle informar o ser informado sobre el pedazo d tierra q lo vio nacer. No se puede ni debe permitir»
La polémica ley no afecta a los extranjeros que reciban pensiones del exterior ni a los nicaragüenses receptores de remesas familiares. También exceptúa a las empresas comerciales extranjeras con filiales en el país y a los inversionistas nacionales y extranjeros que realicen actividades económicas.
Una semana antes de presentarse esta ley al Parlamento, Ortega anunció que promueve la pena de cadena perpetua para castigar los «crímenes de odio», lo que ha sido interpretado por los opositores como una amenaza directa.
Las elecciones presidenciales en Nicaragua están previstas para noviembre de 2021. La oposición intenta presionar a Ortega para aplicar reformas electorales que permitan un proceso «justo y transparente», con libre movilización ciudadana y la observación internacional.
Desde hace dos años en Nicaragua está prohibida toda manifestación pública de personas ajenas al gobierno. La prohibición surgió tras la revuelta social de abril de 2018, donde la acción del gobierno dejó más de 300 muertos, cientos de detenidos y más de 88.000 exiliados según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Con información de Daliana Ocaña / La Voz de América / Foto Twitter María Noelia Arauz
