Los migrantes centroamericanos siguen siendo una fuente de lucro para las estructuras criminales, según el Ministerio Público de Guatemala, que fortaleció los esfuerzos y creó una fiscalía especializada para investigar y erradicar el tráfico ilícito de migrantes.
El organismo lo preside Vilma González Chacón, quien destacó que Guatemala sigue siendo paso de migrantes que provienen de diversas partes del mundo, como África, Asia, América del Sur y de países del Triángulo norte (El Salvador y Honduras).
«El tráfico ilícito de personas se ha convertido en un problema que encierra muerte, codicia entre los que buscan una vida mejor y los que lucran infamemente con esa necesidad», dijo González Chacón.
«Estar lejos de sus hogares y de forma ilegal los convierte en víctimas potenciales de traficantes de migrantes», apuntó.
Los esfuerzos de las autoridades de Guatemala para frenar los delitos de tráfico de migrantes estaban a cargo de la fiscalía de trata de personas, que logró la desarticulación de 10 estructuras desde 2013.
Sin embargo, los esfuerzos ahora serán mayores contra ese delito, al cual se adhieren otros durante la travesía hacia Estados Unidos, como secuestro, violación y extorsión.
La creación de la fiscalía se da con el apoyo de Estados Unidos a través de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).
Sobre este tema, el embajador estadounidense acreditado en Guatemala, Luis Arreaga, ha dicho: «Los migrantes centroamericanos generan ganancias millonarias para las estructuras de crimen organizado, estas estructuras consideran a las personas como mercancías».
Arreaga también ha reiterado que «las personas que intentan ingresar de forma ilegal, incluyendo los que piden asilo de manera falsa, serán detenidos y deportados».
La fiscal general del Ministerio Público de Guatemala, Consuelo Porras, explicó que los migrantes se convierten en víctimas de trata de personas porque después de viajar en condiciones infrahumanas, son abandonados y los que logran llegar a su destino se topan con estructuras que los extorsionan para pagar sumas exorbitantes de dinero bajo, amenazas de violencia o de denunciarlos a las autoridades para que sean deportados.
Cada migrante paga entre 7 mil y 9 mil dólares a los llamados «coyotes», por lo cual las ganancias que obtienen las estructuras criminales se calculan en miles de millones de dólares, sin olvidar la pérdida de vidas humanas.
Con información de Eugenia Sagastume / La Voz de América
