La Corte Suprema de los Estados Unidos escuchará el martes los argumentos sobre la decisión de si el censo del país en el 2020 debería incluir una pregunta sobre la ciudadanía de todas las personas que viven en Estados Unidos.
Para la mayoría de las personas que completan el censo, que se realiza una vez por década, la respuesta a esta pregunta sería fácil: son estadounidenses por nacimiento o ciudadanos por naturalización después de llegar desde otros países.
Sin embargo, el presidente Donald Trump, quien ha adoptado una postura firme contra la inmigración ilegal y ha presionado para que se construya un muro en la frontera sur con México para impedir el aumento de migrantes, también quiere que, por primera vez desde 1950, se incluya la cuestión de la ciudadanía en un intento por contar el número de migrantes indocumentados en el país.
La cifra exacta de indocumentados no se conoce, pero los demógrafos dicen que podría llegar a las 11 millones de personas dentro de los 328 millones de habitantes que tiene Estados Unidos.
Encontrar el número más preciso posible es importante en EE.UU. porque determina cuántos legisladores tiene cada uno de los 50 estados en la Cámara de Representantes de 435 miembros durante los próximos 10 años y la cuota de cada estado en los más de 675.000 millones de dólares en fondos federales para varios programas de gobierno.
Tres tribunales federales han impedido que el Secretario de Comercio, Wilbur Ross, quien supervisa el censo, agregue la pregunta sobre la ciudadanía, alegando que millones de personas que no son ciudadanas, a menudo hispanas, pueden evitar a los censistas por temor a llamar la atención de las autoridades migratorias. Los críticos de Trump sostienen que la cuestión de la ciudadanía es un intento de intentar disminuir el número de legisladores demócratas en la Cámara, donde el partido opositor tomó control en enero.
A pesar de la decisión de Ross de agregar la pregunta a la encuesta, los expertos de la Oficina del Censo concluyeron que excluir la pregunta de ciudadanía produciría una cifra más precisa sobre la población de EE. UU. porque los inmigrantes indocumentados podrían ser reacios a admitir que no son ciudadanos de EE.UU. y negarse a responder las preguntas. La Oficina del Censo estimó que 6,5 millones de personas evitarían responder a las preguntas si se incluyera la consulta de ciudadanía.
La administración de Trump dice que tiene un amplio criterio para diseñar el cuestionario y señala que la pregunta de ciudadanía se ha hecho en encuestas anuales de población más pequeñas. Dice que la pregunta es necesaria para ayudar a hacer cumplir la Ley Federal de Derechos de Votación.
Algunos de los estados y ciudades más grandes y los grupos defensores de derechos argumentan en contra de la inclusión de la pregunta, por temor a que un recuento insuficiente en el censo perjudique sus intereses, ya sea para determinar la representación del Congreso hasta el 2020 o en financiación federal.
La compañía de ratings de televisión Nielsen dijo el lunes que también se opone a la inclusión de la cuestión de la ciudadanía, diciendo que un recuento insuficiente de la población de los Estados Unidos afectaría adversamente a la industria de los medios de comunicación del país y otras empresas que dependen de lecturas precisas de la confianza del consumidor. Nielsen dijo que sus mediciones de las tendencias comerciales podrían ser inexactas durante una década si se agrega la pregunta al censo.
Después de la audiencia del martes, se espera que la Corte Suprema llegue a una decisión para finales de junio, dando al gobierno el tiempo suficiente para imprimir el cuestionario del censo antes del conteo de la población de abril de 2020.
Con información de La Voz de América
