Más de 60 mil nicaragüenses huyeron del país en el último año por la crisis y la mayoría se refugió en la vecina Costa Rica, según informó el martes la Agencia de ONU para los Refugiados (ACNUR).
Organismos de derechos humanos indican que muchos salen de Nicaragua por temores asociados al riesgo de amenazas, persecución y desempleo, en el contexto de las protestas contra el gobierno de Daniel Ortega que comenzaron el 18 de abril de 2018.
La represión a las manifestaciones hundió al país en una grave crisis política y económica que persiste un año después. Más de 325 personas murieron.
«En este flujo de refugiados muchos de ellos han recurrido a cruzar irregularmente (la frontera) para evitar ser detectados, a menudo caminando durante horas a través de complicados terrenos», dijo a medios la portavoz de ACNUR, Elizabeth Throssell.
La funcionaria dijo que se trata de unas 62.000 personas las que han salido de Nicaragua. De ellas, explicó, unas 55.500 están en Costa Rica.
Además dijo que inicialmente se trató de un éxodo de adultos, pero que luego se incorporaron familias con niños que también salieron del país.
La ACNUR sostiene que los que salieron de Nicaragua se han expuesto «al calor, la humedad y los riesgos de malaria».
Los exiliados, dijo ACNUR, incluyen a estudiantes, exfuncionarios públicos, figuras de la oposición, periodistas, doctores, defensores de los derechos humanos y campesinos.
La agencia de la ONU informó que trabajan en trazar un plan de respuesta humanitaria para apoyar al gobierno de Costa Rica para que pueda atender las necesidades urgentes de los solicitantes de asilo, así como a otros países receptores.
También insistió la portavoz de ACNUR en la necesidad de que se alcance «una solución política de la crisis en Nicaragua», como único modo para que se detenga el éxodo.
La información llega después que un diálogo entre el gobierno de Ortega y la oposición no consiguió acuerdo alguno para salir de la crisis.
El gobierno de Ortega anunció el lunes un polémico plan para el «retorno voluntario asistido» para personas que salieron del país.
La iniciativa fue recibida con desconfianza por opositores, que advirtieron de la falta de garantías para quienes acepten regresar al país después de sufrir persecución.
Con información de La Voz de América
