El secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, ha rechazado este miércoles en el Congreso eliminar las pelotas de goma como material policial de los ‘antidisturbios’ para poder contar con el apoyo de partidos como EH Bildu o ERC en la aprobación de la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida por sus detractores como ‘ley mordaza’.
Además, ha descartado que en la reforma de la ‘ley mordaza’ se pueda abordar la supresión de las devoluciones en caliente o rechazos en fronteras y ha defendido la infiltración secreta de policías en determinados colectivos por la necesidad de captar información como agente de inteligencia.
En su comparecencia ante la Comisión de Interior del Congreso, el ‘número dos’ del Ministerio del Interior ha pedido a grupos como EH Bildu que «olviden determinados maximalismos» para poder reformar la ‘ley mordaza’ que aprobó el PP y que continúa en vigor, después de fracasar su modificación en la anterior legislatura.
POLICÍA CON MÍNIMOS RESULTADOS LESIVOS
Rafael Pérez ha defendido el «prestigio internacional» de las Unidades de Intervención Policial (UIP) aludiendo a que otros países analizan sus actuaciones y piden imitarlos, entre otras cuestiones por los «mínimos resultados lesivos» de sus dispositivos.
En este sentido, ha pedido a los grupos que reflexionen si el hecho de «lanzar» a los policías en determinados eventos con gran afluencia de personas sin pelotas de goma puede o no «suponer un mayor riesgo ya no sólo para las personas que se encuentren enfrente sino también para los propios agentes».
El secretario de Estado de Seguridad también ha avisado del riesgo de plantear la eliminación del ámbito administrativo, es decir dentro de la ‘ley mordaza’, de determinados actos que pueden «quizás acabar recayendo en el ámbito penal, que es lo último que queremos».
INFILTRADOS SIN CONNOTACIÓN IDEOLÓGICA
A preguntas de EH Bildu, Rafael Pérez también ha hablado de los agentes infiltrados en movimientos sociales al amparo de la Ley Orgánica 2/86 de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Se trata, por tanto, de una actuación amparada en la ley, aunque el secretario de Estado ha admitido que puede generar debate a la hora de interpretar la necesidad de «captar, recibir y analizar cuantos datos tengan interés para el orden y la seguridad pública».
En este sentido, ha añadido que este tipo de prácticas de infiltración se enmarcan en la necesidad de «prevenir la delincuencia» y que, en cualquier caso, «no se realiza ni por ideologías ni por movimientos sociales, sino que se trata simplemente de una actuación policial de captación de información para la seguridad pública».
«Todo está sometido también a protocolos de actuación», ha comentado a continuación ante las quejas del diputado de EH Bildu Jon Iñarritu, a quien le ha recordado que dichos protocolos son susceptibles de cambios si se detecta algún problema.
Información y fotografía DPA
