Por la Redacción |
El Ejecutivo sancionó y ordenó la publicación oficial del Decreto 22-2026, Ley de Exención Tributaria Temporal de Emergencia al Consumidor de Combustibles, una normativa que elimina temporalmente el cobro del Impuesto a la Distribución de Petróleo Crudo y Combustibles Derivados del Petróleo (IDP) y del Impuesto al Valor Agregado (IVA) aplicados a las gasolinas superior, regular y diésel en todo el territorio nacional.
Vigencia y traslado directo del ahorro al consumidor
La disposición, refrendada con la sanción del presidente Bernardo Arévalo, cobra vigencia a partir del jueves 1 de octubre de 2026 y se mantendrá activa hasta el 31 de diciembre del presente año. A partir del 1 de enero de 2027, estos productos retornarán a su régimen tributario ordinario.
Repercusión en el precio final: La normativa establece de forma estricta que el 100% del beneficio fiscal debe trasladarse directamente al consumidor final mediante una reducción equivalente en el precio de venta en las estaciones de servicio.
Transparencia en la compra: Las facturas electrónicas emitidas deberán consignar de manera explícita la exención del IDP e IVA, desglosando detalladamente el monto del beneficio tributario otorgado por cada galón despachado.
Supervisión obligatoria, restricciones y veto al Decreto 21-2026
Para garantizar el cumplimiento de la ley y resguardar el abastecimiento nacional, el estamento legal activa mecanismos de fiscalización y ajustes a la estrategia gubernamental:
Inspecciones e inteligencia de mercado: El Ministerio de Energía y Minas (MEM) junto a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor (DIACO) desarrollarán operativos de verificación continua en las estaciones de servicio para constatar que el descuento fiscal se refleje de inmediato en los tableros de cobro.
Control de exportaciones: Se impusieron restricciones para evitar la exportación o reexportación de combustibles adquiridos bajo este esquema de exoneración.
Decisión sobre precios de referencia: En la misma publicación oficial, el Ejecutivo oficializó el veto al Decreto 21-2026 —referente a la estabilización de precios de referencia— mediante el Acuerdo Gubernativo 159-2026, devolviendo dicha propuesta al Congreso de la República y concentrando la respuesta económica en la exención tributaria directa aprobada en el Decreto 22-2026.
