Por Fernando Castellanos |
El Pleno del Congreso de la República de Guatemala aprobó el Decreto 23-2026, una normativa que introduce reformas sustanciales al Código Procesal Penal orientadas a frenar el uso excesivo y discrecional de la prisión preventiva en el sistema judicial guatemalteco.
La disposición legislativa busca alinear los procedimientos procesales con los estándares constitucionales e internacionales en materia de derechos humanos y debido proceso.
Objetivos y alcances de la reforma procesal
La nueva legislación establece directrices puntuales para los jueces al momento de definir las medidas de coerción a imponer a las personas ligadas a proceso penal:
➡️ Garantía de presunción de inocencia: Reafirma que la libertad debe ser la regla general durante la sustanciación del proceso penal, limitando la privación de libertad provisional únicamente como una medida excepcional sujeta a estricta justificación y comprobación de peligro procesal (fuga u obstaculización a la verdad).
➡️ Descongestión penitenciaria: Busca incidir directamente en la disminución del hacinamiento crítico que enfrentan los centros de privación de libertad del país, donde una proporción significativa de los internos permanece sin sentencia condenatoria firme.
➡️ Fortalecimiento del sistema de justicia: Promueve una administración de justicia más eficiente y garantista, incentivando la aplicación de medidas sustitutivas adecuadas y fiscalizables sin desatender la continuidad de las pesquisas y las garantías para las víctimas.
