25 de septiembre de 2006: la Operación Pavo Real marcó un giro en el control penitenciario en Guatemala

Sep 25, 2025 | Actualidad, Nacionales, Portada, Sucesos | 0 Comentarios

Con información de Fernando Castellanos.

La Granja Modelo de Rehabilitación Pavón, ubicada en Fraijanes y con capacidad para 960 internos, fue escenario el 25 de septiembre de 2006 de uno de los operativos más polémicos en la historia reciente del sistema penitenciario guatemalteco: la Operación Pavo Real.

Desde septiembre de 1996, durante el gobierno de Álvaro Arzú, la administración de Pavón fue cedida al Comité de Orden y Disciplina (COD), integrado por los propios reclusos. Bajo este esquema, los prisioneros construyeron residencias, negocios y laboratorios de droga dentro del penal, mientras el Estado perdió el control absoluto de la cárcel.

El COD impuso su propio reglamento y acumuló poder, con denuncias de secuestros, violaciones, asesinatos de internos y participación en redes de narcotráfico y extorsiones.

El 25 de septiembre de 2006, el presidente Óscar Berger autorizó una operación conjunta de la Policía Nacional Civil (PNC), el Ejército y el Sistema Penitenciario para retomar el control del centro. El plan fue diseñado por Alejandro Giammattei, entonces director del Sistema Penitenciario, y Carlos Vielmann, ministro de Gobernación.

En la acción participaron más de 3,000 agentes y soldados, y aunque en un inicio se planteaba como un traslado pacífico de reclusos hacia la cárcel Pavoncito, la intervención se tornó violenta y caótica.

Las ejecuciones extrajudiciales

Posteriormente, investigaciones revelaron que la PNC, bajo la dirección de Erwin Sperisen, habría tomado control de la operación y contaba con un listado de 25 reos que debían ser ejecutados extrajudicialmente. El desorden durante el operativo impidió cumplir la totalidad del plan, pero al menos siete internos fueron asesinados.

La Operación Pavo Real fue presentada en su momento como un golpe para recuperar la autoridad del Estado en las cárceles, pero con el paso de los años quedó marcada como un episodio de ejecuciones extrajudiciales y abuso de poder.

El caso se convirtió en símbolo de los desafíos del sistema penitenciario guatemalteco y en ejemplo de cómo, bajo el pretexto de recuperar el orden, se habrían cometido graves violaciones a los derechos humanos.

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