Con información de Moisés Cottom.
El Tribunal de Sentencia Penal Con Competencia Especializada en Delitos de Trata de Personas de Quetzaltenango condenó a dos exempleados del Sistema Penitenciario de Guatemala por el caso conocido como “Cárcel y Explotación”.
Se trata de Bayron Monterroso Mencos, exsubdirector del centro de detención preventiva para hombres y mujeres de Mazatenango, Suchitepequez. Culpable de promoción, facilitación o favorecimiento de la prostitución agravada en contra víctimas privadas de libertad, mujeres.
Condenado a 13 años con 4 meses de prisión y multa de 133,333.32 quetzales e inhabilitación especial para ejercer cargos públicos. También, Priscila Mariacel Ramírez Aguilar, ex rectora del mismo centro de detención.
Culpable de trata de personas con circunstancias agravantes en su finalidad de explotación sexual en contra de víctimas mujeres, mayores de edad y privadas de libertad, imponiéndole una pena total de prisión de 21 años con 4 meses y multa de 800,000 quetzales e inhabilitación especial para ejercer cargos públicos.
Ambas personas aprovechándose de su cargo y función en agravio de víctimas mayores de edad, mujeres privadas de libertad en el centro de detención preventiva para hombres y mujeres de Mazatenango donde los mismos se encontraban asignados en puestos claves de autoridad, habiendolas explotado sexualmente aprovechándose de sus vulnerabilidades personales asi como utilizando la infraestructura del centro de detención preventiva para hombres y mujeres de Mazatenango, lucrando con la sexualidad de dichas privadas de libertad, realizando traslados entre sectores y cobrando una cantidad de dinero a cambio de los actos de explotación sexual que se daban entre privados de libertad hombres y mujeres, organizando y permitiendo la realización de fiestas clandestinas en las cuales se daban los actos de explotación sexual remunerados en los cuales los condenados cobraban montos económicos, asi como las denominadas «vueltas» que era parte de la explotación sexual consistente en permitir el traslado entre sectores de privados de libertad hombres y mujeres con fines de explotación sexual y beneficio económico para los hoy condenados.
Estos actos ocurrieron en el período comprendido de por lo menos el mes de junio al mes de diciembre del año 2021.
