Con información de Fernando Castellanos.
Tras 75 años sin renovar su marco legal, el Legislativo aprueba el Decreto 7-2026, una normativa que moderniza la defensa del Estado y blinda la protección de menores.
En una jornada calificada como histórica por diversos sectores, el Congreso de la República aprobó este miércoles el Decreto 7-2026, dando vida a la nueva Ley Orgánica de la Procuraduría General de la Nación (PGN). La decisión pone fin a una espera de tres cuartos de siglo, periodo en el que la institución operó bajo un esquema que ya no respondía a las exigencias jurídicas del siglo XXI.
La aprobación se dio durante la 12ª Sesión Ordinaria Adicional, donde los legisladores dieron luz verde a una estructura que busca dejar atrás la burocracia rígida para dar paso a una gestión pública más eficiente y transparente.
¿Qué cambia con esta nueva ley?
A diferencia de la normativa anterior, el Decreto 7-2026 no solo reorganiza el organigrama interno, sino que redefine el papel de la PGN en la vida nacional bajo tres ejes fundamentales:
Prioridad absoluta a la niñez: El eje central de la reforma es el fortalecimiento de las unidades encargadas de la protección de niños, niñas y adolescentes, agilizando protocolos de rescate y representación legal.
Modernización de la defensa estatal: Se establecen mecanismos de actuación más claros para que la PGN ejerza la representación jurídica del Estado y la asesoría a entidades públicas con criterios técnicos actualizados.
Claridad Administrativa: Define funciones específicas que evitan la duplicidad de tareas y mejoran la rendición de cuentas institucional.
Un marco legal para «desafíos actuales»
Expertos señalan que la normativa anterior limitaba la capacidad de maniobra de la institución frente a litigios complejos y casos de vulneración de derechos.
Con esta actualización, la PGN adquiere herramientas legales para responder a los desafíos contemporáneos del sistema judicial guatemalteco.
Con la entrada en vigor de esta ley, se espera que la institución inicie un proceso de transición para implementar su nueva estructura orgánica, priorizando la capacitación de su personal en las nuevas competencias de protección social.
