Con información de Fernando Castellanos.
La madrugada del 4 de febrero de 1976, a las 3:01:43 horas, Guatemala fue sacudida por uno de los terremotos más devastadores de su historia. El sismo, de 7.5 grados de magnitud, dejó al menos 23 mil personas fallecidas, cerca de un millón de damnificados y más de 250 mil viviendas dañadas, sumiendo al país en una profunda crisis humanitaria y estructural.
Hoy, cuando se cumple medio siglo de aquel evento, la tragedia permanece viva en la memoria colectiva, mientras instituciones y especialistas refuerzan los esfuerzos para reducir riesgos y fortalecer la cultura de prevención en un territorio altamente sísmico.
El investigador del Centro de Estudios de las Culturas en Guatemala (CECEG), Aníbal Chajón, recuerda que los movimientos telúricos han sido una constante en la historia nacional. “En el siglo XVIII se registraron terremotos en 1717, 1751 y 1773; en el siglo XIX, en 1830 y 1884; y en el siglo XX, en 1917, 1918 y 1942”, detalla. Esta recurrencia, advierte, evidencia la necesidad de una preparación permanente.
Desde el ámbito científico, el jefe del Departamento de Investigación y Servicios Geofísicos del Insivumeh, Robin Onelio Yani, explica que el terremoto de 1976 se originó por la ruptura de la falla de Motagua, iniciando cerca de Los Amates, Izabal, y extendiéndose por aproximadamente 240 kilómetros hasta el norte del departamento de Guatemala. “La liberación de energía activó al menos una decena de fallas secundarias, lo que amplificó considerablemente los daños”, puntualiza.
Tras el desastre, el país avanzó en materia normativa con la implementación de la Norma de Reducción de Desastres Número 1 (NRD-1), adoptada por la Conred mediante el Acuerdo Gubernativo 03-2010.
Esta normativa establece criterios mínimos de diseño estructural para reducir el riesgo de colapso de edificaciones ante sismos, vinculando las recomendaciones técnicas de la ingeniería con su cumplimiento obligatorio, un paso clave para prevenir tragedias similares.
Como parte de los esfuerzos actuales en prevención, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) lidera la articulación del Simulacro Nacional de Terremoto 2026, un ejercicio diseñado para evaluar planes de respuesta, sistemas de alerta y la coordinación interinstitucional ante un evento sísmico de gran magnitud.
El simulacro se realizará el 24 de febrero, con la simulación de un sismo premonitorio de magnitud 6.4 con epicentro en Morazán, seguido de un evento principal de 7.5 grados en Los Amates, en alusión al terremoto de 1976, además de réplicas simuladas.
En la actividad participarán las 340 municipalidades, las 22 gobernaciones departamentales, instituciones públicas, sector privado, centros educativos y comunidades organizadas a nivel nacional.
