Con información de Fernando Castellanos.
Hoy se cumplen 31 años del autogolpe de estado que diera Jorge Serrano Elías contra El Congreso de la República y las Cortes en Guatemala. Fue el martes 25 de mayo de 1993, Serrano Elías, entonces presidente terminó con posterior destitución e inhabilitación de su vicepresidente, Gustavo Espina para sucederlo, por parte de la Corte de Constitucionalidad y el Congreso de la República.
Entre los hechos de este episodio se cuentan la disolución del Congreso, de la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Constitucionalidad,
También pidió al TSE convocar a elecciones para elegir a «diputados idóneos» y propuso nombres de juristas para la Corte Suprema de Justicia.
Al cabo de doce días, las instituciones del país reinstauraron la institucionalidad designando presidente al PDH, Ramiro de León Carpio.
Debido a la corta duración del régimen de facto, algunos hablan del «Serranazo» como un fracasado autogolpe de estado.
En el año 1993 Guatemala participaba de una joven democracia de siete años, debilitada continuamente por frecuentes acontecimientos de violencia y corrupción.
Las primeras manifestaciones masivas de descontento popular se mostraron en marzo como protestas en contra de incrementos a los precios de la energía y el transporte. La situación escaló posteriormente de cara a la férrea oposición del sector estudiantil público del nivel medio.
Hubo un paro general convocado para mediados de mayo. Al mismo tiempo, una ola intensa de intimidaciones acosó al país, en la cual un catedrático universitario fue asesinado a balazos, tres estudiantes fueron secuestrados en la vía pública.
Cadáveres de personas asesinadas al azar aparecían sin orejas. Una moción de Alianza Cívica ante la Contraloría General de Cuentas para investigar finanzas de Serrano, quien se había hecho de lujosas propiedades, fue la última acción de la agitación ciudadana.
El día posterior a este hecho, la radio nacional anunciaba el decreto de golpe de Estado, que fue declarado inconstitucional en días posteriores por la Corte de Constitucionalidad de Guatemala.
