Por Fernando Castellanos
El Día Mundial contra el Trabajo Infantil de este año realiza un llamamiento para que se invierta más en los sistemas y planes de protección social, a fin de establecer pisos de protección social sólidos y proteger a los niños contra el trabajo infantil.
Aunque en las dos últimas décadas se ha avanzado mucho en cuanto a la reducción del trabajo infantil, los progresos han sido más lentos con el tiempo, e incluso se estancaron durante el periodo 2016-2020. A día de hoy, 160 millones de niños están en situación de trabajo infantil, lo que representaba 1 de cada 10 niños en todo el mundo. Algunos de ellos con tan solo 5 años de edad.
Los sistemas gubernamentales de protección social son esenciales para luchar contra la pobreza y la vulnerabilidad, así como para prevenir y eliminar el trabajo infantil. La protección social es tanto un derecho humano como una potente herramienta política para evitar que las familias recurran al trabajo infantil en tiempos de crisis. Sin embargo, en 2020 y antes de la crisis de COVID-19, únicamente el 46,9 por ciento de la población mundial se beneficiaba de forma efectiva de al menos una prestación social, mientras que el 53,1 por ciento restante —más 4.100 millones de personas— no gozaban de protección alguna. En el caso de los niños, la cobertura es aún más baja. Casi tres cuartas partes de los niños, 1.500 millones, carecen de protección social.
Un progreso significativo hacia la eliminación del trabajo infantil exige una mayor inversión en sistemas de protección social universal.
