El Parlamento nicaragüense dominado por el oficialismo ha cancelado de un solo golpe este miércoles a 50 organizaciones de la sociedad civil, el número más alto desde que el presidente Daniel Ortega inició una arremetida contra las oenegés, a las que señala de supuestamente desviar fondos para la oposición.
La cancelación de las organizaciones fue sometida a votación en la Asamblea Nacional, donde fue aprobada con 75 votos a favor y 16 abstenciones.
El diputado oficialista Filiberto Rodríguez, quien presentó la iniciativa de cancelación, afirmó que las entidades supuestamente incumplieron con las leyes establecidas, aunque en múltiples ocasiones las organizaciones han negado los señalamientos y han advertido que lo que el Estado busca es centralizar el apoyo a la sociedad civil.
“Estas asociaciones que no quieren cumplir con la Ley, no quieren rendir cuentas de sus fondos, de qué país vienen, quién les da sus recursos para cambiar los objetivos”, dijo Rodríguez en el plenario donde advirtió que seguirían “haciendo cumplir la Ley».
Con las anulaciones de este miércoles ya suman más de 200 las oenegés canceladas por la Asamblea afín a Ortega.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas se ha pronunciado al respecto y ha dicho que “sin espacio cívico, no hay democracia”, en referencia a la anulación de las 50 oenegés.
Dentro de las oenegés canceladas se encuentran algunas enfocadas en apoyar a personas de escasos recursos como la Fundación 10, propiedad de la televisora Canal 10.
También se anuló el colectivo feminista La Corriente, el cual trabajaba en la promoción de los derechos sexuales y reproductivos de los jóvenes.
“No estamos limitadas a la existencia de una personería jurídica. Las distintas formas de la sociedad pueden tener reconocimiento del Estado y eso ayuda a ser tomados en cuenta para la toma de decisiones, pero eso no quiere decir que si no tenés personería jurídica no podés seguir defendiendo tus derechos. Por tanto, La Corriente va a seguir”, dijo Blandón al medio local Nicaragua Investiga.
«¿Cómo nos vamos a reagrupar después de esto?»
La socióloga Zoilamérica Ortega Murillo, hijastra del gobernante Daniel Ortega e hija de la vicepresidenta Rosario Murillo y quien se encuentra exiliada en Costa Rica, considera que los cierres masivos de las oenegés “son un exterminio de las expresiones de la sociedad civil” y agrega que con estos se busca “convertir a Nicaragua en un desierto de expresiones autónomas”.
“Definitivamente se está tejiendo un cerco en el cual cualquier tipo de política de atención social va a venir exclusivamente del gobierno y, con eso, según ellos, no generar ni un solo espacio en el que la sociedad apoye a la sociedad, sino que todo tenga que ser agradecido al gobierno de Nicaragua y concretamente a Daniel Ortega y Rosario Murillo”, dijo a la VOA.
El abogado y defensor de derechos humanos Gonzalo Carrión, quien lidera el colectivo Nicaragua Nunca Más, señala que Ortega «pretende imponer una sociedad absolutamente cerrada, silenciada, y por supuesto, la organización libre no es compatible con la dictadura».
“Toda persona, toda ciudadanía que en Nicaragua ejerce su derecho a vivir en libertad, de expresarse libremente, es considerada como enemiga”, advirtió.
Desde el año 2018, tras las protestas contra el gobierno de Ortega, las cancelaciones de organizaciones de la sociedad civil en Nicaragua se han vuelto constantes. El Parlamento aprobó una ley para registrar a las oenegés llamada Ley de Agentes Extranjeros. De acuerdo con la legislación, todos los ciudadanos que reciban fondos del extranjero no podrán financiar ningún tipo de organización, movimiento, partido político, coaliciones o alianzas políticas que desarrollen actividades políticas internas en Nicaragua.
Con información de Houston Castillo Vado / Voz de América / Fotografía ilustrativa Archivo VOA
