Senadores estadounidenses, organizaciones de derechos humanos y la comunidad internacional han condenado los fallos de culpabilidad contra los presos políticos en Nicaragua, en específico el de la precandidata presidencial Cristiana Chamorro, quien se perfilaba como la favorita en las encuestas para derrotar a Daniel Ortega en los comicios del pasado 7 de noviembre, donde el mandatario sandinista se impuso en un nuevo período presidencial.
El senador Rick Scott, republicano por Florida, rechazó recientemente la condena a Chamorro y pidió la liberación del resto de “prisioneros políticos” detenidos en 2021.
“Ahora que [Ortega] se ha robado la presidencia de nuevo, Chamorro y el pueblo de Nicaragua han sido sentenciados a muchos más años de prisión y opresión, solo por creer y pedir la libertad”, dijo el senador republicano en correo electrónico a la Voz de América. El senador pidió al gobierno Biden “levantarse, liderar el mundo para levantarse y apoyar a Nicaragua, Cuba y Venezuela”.
En la misma línea, el también senador Marco Rubio, aseguró que la condena a Chamorro “reafirma la falta del estado de derecho en la dinastía autoritaria” de Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo.
Rubio pidió al gobierno del presidente Joe Biden usar “todas las herramientas diplomáticas” de la ley Renacer, firmada por el presidente en noviembre del año pasado. La legislación, aprobada de manera bipartidista en el senado, establece medidas de presión y revisión de medidas económicas para presionar a Ortega.
Freedom House: Sentencia condenatoria era previsible
Alessandra Pina, subdirectora del programa para Latinoamérica de Freedom House, considera que la sentencia a Chamorro era previsible y dice que no les tomó por sorpresa que su juicio “ha sido una farsa judicial, caracterizado por violaciones sustantivas al debido proceso”.
“Los días de audiencia demostraron la falta de respeto a los derechos fundamentales reconocidos por la ley nicaragüense y los estándares internacionales”, añadió Pina a la Voz de América.
Freedom House, una organización basada en Washington D.C., ve que el caso de Chamorro no es “aislado” sino “la repetición de un patrón sistemático de represión selectiva”.
Por su parte Pina explicó que el caso Chamorro, genera un efecto dominó: “al final del día las víctimas no son solamente los candidatos a las elecciones (…) sino también los 169 presos políticos y todos los ciudadanos nicaragüenses”.
De igual forma la Unión Europea, Costa Rica y otras entidades se han pronunciado por los juicios en Managua en donde se han emitido fallos de culpabilidad sin sorpresa alguna.
De momento Estados Unidos ha incluido en la llamada «Lista Engel» a varios funcionarios nicaragüenses por los procesos políticos, dentro de estos una juez de Managua, pero los resultados han sido minimizados por el oficialismo que ha dicho que son «injerencias».
Abogados apelarán
Cristiana Chamorro, su hermano Pedro Joaquín y otros tres extrabajadores de la Fundación Violeta Barrios fueron declarados culpable el pasado 11 de marzo de varios cargos imputados por la justicia afín al presidente Daniel Ortega.
El abogado Maynor Curtis, que lleva la defensa del exdiputado Pedro Joaquín Chamorro dijo a la VOA que el juicio contra los opositores estuvo lleno de varias inconsistencias al igual que los otros presos políticos condenados recientemente.
«Las pruebas de la defensa no fueron valoradas correctamente», dijo Curtis a este medio de comunicación.
Curtis mencionó que a Cristiana Chamorro, que le imputaron dentro de otros cargos, el lavado de dinero, no se logró probar.
«Hasta donde tengo entendido, más del 80% de las donaciones eran USAID. Uno de los testigos de la Fiscalía dijo que los fondos de USAID eran fondos legales. A él le preguntaron si los fondos de USAID son fondos ilegales y contestó que no. Eso es un problema que hubo para la demostración del delito de lavado de dinero. Si no tenés el dinero ilícito, te va a ser difícil probar el lavado de dinero».
Por esa razón el abogado indicó que «apelarán» a la sentencia, no obstante algunos opositores tienen pocas esperanzas que dicha gestión prospere por el control férreo que mantiene el oficialismo sobre la justicia.
Con información de Alejandra Arredondo y Houston Castillo Vado / Voz de América
