Los 70 diputados del gobernante Frente Sandinista que controlan la Asamblea Nacional en Nicaragua, presentaron este martes una iniciativa de ley llamada “Regulación de Agentes Extranjeros”, para “poner fin a la injerencia en los asuntos internos” del país.
De acuerdo con el documento, toda persona natural o jurídica “que responda a intereses y financiamiento extranjero”, deberá registrarse ante las autoridades correspondientes.
El proyecto de ley advierte que serán sancionados quienes utilicen dicho financiamiento “para realizar actividades que deriven en injerencia de gobierno o en asuntos internos de Nicaragua, poniendo en riesgo la seguridad del Estado”.
La propuesta se da a conocer días después de que el presidente Daniel Ortega anunciara una serie de reformas que pretenden establecer la cadena perpetua en Nicaragua, y que según él podrá ser utilizada incluso contra opositores que cometan “crímenes de odio”.
De acuerdo con el exdiputado opositor Eliseo Núñez, destituido en 2016 junto a otros 27 legisladores, el fin de la ley es cortar cualquier tipo de financiamiento a la oposición, sobre todo aquellos que persigan promover campañas cívicas y ciudadanas.
“Ortega pretende con esta ley tener un mayor control sobre cualquier tipo de financiamiento, pero principalmente tiene como objetivo frenar aquellas campañas cívicas y ciudadanas, que no son injerencia, ni siquiera son campañas partidarias, son campañas que buscan que el ciudadano sepa que tiene derechos, que el ciudadano mire desde la perspectiva y eso le molesta a Ortega”, dijo Núñez a la Voz de América.
El exdiputado señaló que “en un régimen autoritario cualquier cosa que se hable de ciudadanía es estorbo. Ortega está cerrando todas las puertas, pero es un tiro en el pie porque complica la situación con los donantes y al complicar la situación con donantes muy probablemente reciba mucho menos dinero del que ya está recibiendo”, advierte.
La propuesta de ley también establece que las organizaciones, asociaciones o personas naturales o jurídicas nicaragüenses o de otras nacionalidades que reciban fondos, bienes o cualquier objeto de valor provenientes directa o indirectamente de gobiernos, agencias, fundaciones, sociedades o asociaciones extranjeras, estarán obligadas a rendir cuentas al Ministerio de Gobernación.
Varias organizaciones e incluso medios de comunicación que, ante la falta de publicidad del sector público y privado, recurren a donantes podrían verse afectados.
“Cualquier medio de comunicación o cualquier periodista que reciba auspicio para hacer periodismo puede ser considerado un agente de estas entidades extranjeras; y si el gobierno considera que están cometiendo actos de injerencia o lesivos se les aplicaría la ley”, advirtió a la VOA el experto Alfonso Malespín, experto en comunicación.
La propuesta de ley tiene previsto aprobarse esta semana tomando en cuenta que el oficialismo controla la Asamblea Nacional.
“Hoy leyeron la propuesta de ley de improvisto. Esa ley persigue el control absoluto y es una intromisión no solo a las oenegés sino en toda persona jurídica y natural. Están violando las libertades de este país”, añadió la diputada del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), Azucena Castillo.
Con información de Houston Castillo Vado / La Voz de América
