El 2015 fue un año que marcó la historia de Guatemala por la caída del gobierno del extinto Partido Patriota con la renuncia y captura del entonces presidente Otto Pérez Molina y la vicepresidenta Roxana Baldetti, quienes actualmente enfrentan varios procesos en su contra.
Pérez Molina gobernó desde el 14 de enero de 2012 hasta el 3 de septiembre de 2015, cuando dimitió y posteriormente se presentó a los tribunales de justicia para enfrentar las acusaciones que el Ministerio Público hacía en su contra por el caso “La Línea”, vinculado una estructura de defraudación aduanera.
Después de eso, en junio de 2016 se le sumó otro proceso llamado Cooptación del Estado, en el cual es implicado de participar en una red que cobraba comisiones ilegales a contratistas a cambio de adjudicaciones de proyectos.
Para Christians Castillo, analista del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos -IPNUSAC-, la situación que ha vivido Guatemala se debe a la poca formación política que tienen los políticos del país.
“Desafortunadamente hemos tenido expresidentes de los tres poderes del Estado señalados ante la justicia y ligados a proceso y algunos en prisión preventiva. No solo pasa a los expresidentes Álvaro Colom, Otto Pérez Molina y Alfonso Portillo, ha pasado a expresidentes del Organismo Judicial como el caso de Beatriz Ofelia de León, o expresidentes del Organismo Legislativo como Pedro Muadi y Rubén Darío Morales”, indicó Castillo.
Agregó que con esto se evidencia que cuando están en el manejo del poder, para el cual no fueron formados, entran a violentar la ley y eso los ha hecho vulnerables hasta el punto que después de ser autoridades de alto rango, terminan siendo señalados ante la justicia.
“El caso más crítico es obviamente el Partido Patriota en donde prácticamente todo el gabinete está señalado ante la justicia”, indicó Castillo, calificándolo como un “hito importante”. Sin embargo, expone que después de eso no se dio un cambio de fondo.
“Por eso era tan importante pasar de la caída de un gobierno a un cambio de cultura política, un cambio inclusive en la formación ciudadana y en la forma en la que nos relacionamos las y los guatemaltecos con el poder, con la institucionalidad y con las leyes. Eso no sucedió. Hay un trabajo amplio todavía que hacer en la población guatemalteca para poder hacer un cambio en la estructura de valor”, aseguró el analista.
Expuso además que Guatemala se convirtió en el país donde se ensayó una estrategia de combate a la corrupción, reconociendo a nivel internacional que el Estado no tenía la capacidad de alcanzar a las estructuras criminales.
“En 2015 se empezó a ensayar una estrategia continental de deducir responsabilidades a todos aquellos altos funcionarios que representaban intereses oscuros y que habían llegado al control de la institucionalidad pública”, indicó Castillo y agregó que a partir de allí muchos países de América Latina empezaron a utilizar la misma estrategia para llevar ante la justicia a altos funcionarios públicos.
El proceso contra el expresidente Álvaro Colom
El expresidente de Guatemala, Álvaro Colom, quien gobernó de 2008 a 2012 por el Partido Unidad Nacional de la Esperanza -UNE- y enfrenta un proceso acusado de defraudar al Estado por 35 millones de dólares durante su gestión, está bajo arresto domiciliario desde agosto de 2018, después de que el juez a cargo del juzgado undécimo de primera instancia penal, Eduardo Cojulún, le otorgara esa medida sustitutiva en mayo de ese mismo año.
Para que el exmandatario saliera de prisión tuvo que pagar 1 millón de quetzales. Desde entonces, se presenta cada semana a firmar en el Ministerio Público y además tiene impedimento para salir del país sin autorización. Sin embargo, ahora está en impasse su arresto domiciliario por una resolución de amparo que ordena que la autoridad impugnada, que en este caso es la Sala Primera de la Corte de Apelaciones, fundamente la resolución en la cual confirmó las medidas otorgadas al expresidente.
Así lo asegura su abogado defensor, Mario Castañeda, quien indicó que esto no significa que Colom deba salir de prisión, solamente la sala debe fundamentar la confirmación que dio al arresto domiciliario hace más de dos años.
Mientras tanto, el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad -FECI-, Juan Francisco Sandoval, asegura que es el juez de primera instancia penal quien debe de reevaluar lo que resolvió y si encuentra elementos que confirmen que sí proceden las medidas sustitutivas, plasmar esas motivaciones en la resolución, confirmando que no necesariamente el exmandatario debe regresar a prisión.
El abogado Mario Castañeda agrega que durante más de dos años de permanecer en arresto domiciliario, el expresidente Álvaro Colom ha cumplido con todas las medidas que le han dictado.
“Nosotros somos los más interesados en que este caso avance y que llegue a su final porque tenemos plena confianza en que el expresidente Colom no cometió ningún hecho delictivo y en esa medida lo que nos toca a nosotros es enfrentar el proceso como corresponde”, indicó Castañeda.
El caso Transurbano se inició el 13 de febrero de 2018 cuando Álvaro Colom y 10 integrantes de su gabinete de gobierno fueron capturados acusados de defraudar al Estado para la implementación de un sistema de transporte que opera actualmente en la capital del país. El Ministerio Público lo acusa de los delitos de Fraude y Peculado.
Con información de Eugenia Sagastume / La Voz de América
