En el Juzgado de Mayor Riesgo de Quetzaltenango se desarrolló la audiencia de primera declaración de 15 personas acusadas de los delitos en contra de la administración pública de la Municipalidad de Samayac, Suchitepéquez.
Este proceso penal se dio después de que el Ministerio Público (MP) solicitara, a través de un Juzgado, que se citaran a estas personas por los delitos de peculado, lavado de dinero u otros activos y estafa.
Dentro de los sindicados están cuatro ex miembros de la corporación municipal de Samayac: José María Ramírez García, ex alcalde, y los ex concejales Israel Cacoj García, Efraín Ávila Ortíz y Lucrecia Rodríguez Ovalle.
También fueron citados contratistas y empresarios, identificados como Diana Patricia Pérez, Fredy William Oliva, Carlos Molina Gómez, Jorge Humberto Juárez, Francisco Gabriel Urreola, Carmelo Juan Echeverria, Luis Fernando Godínez, Juan José Lozano, Julio César Rosales y María Marta Castañeda Torres, sobrina de la ex Primera Dama Sandra Torres. También figura Rudy Estuardo Vargas, quien no fue hallado para citación.
Según la acusación del MP, en el 2007 la corporación municipal de Samayac inició la planificación para construir un mercado de artesanías y un salón municipal, para ello, solicitó un préstamo de Q7 millones, pero mientras iniciaban con los detalles del proyecto, un grupo de vecinos se opuso.
Debido a la oposición, las autoridades de la comuna decidieron desarrollar otro proyecto con fines educativos, en el cual se implementaría un laboratorio de computación y fue en este último proyecto donde se usó el dinero del préstamo.
Los principales aspectos que busca probar el MP es que las empresas que fueron contratadas para el primer proyecto se quedaron con al menos Q51 mil, a pesar de que no se hizo el mercado y el salón. También buscarán determinar que el equipo de cómputo entregado en el segundo proyecto fue sobrevalorado y estaba en mal estado.
La sobrina de Sandra Torres figura en el proceso por asesorar para que la comuna hiciera el préstamo de Q7 millones, su empresa AFISA fue contratada y se le pagó Q210 mil, pero el MP asegura que esa contratación no era necesaria. Hasta el momento se realiza la audiencia en donde se darán a conocer los hechos a los 15 sindicados.
Con información de Shirlie Rodríguez
