El 10 de enero los ojos del mundo estarán puestos sobre Venezuela. Ese jueves Nicolás Maduro deberá juramentarse como presidente reelecto de Venezuela después de haber ganado el pasado 20 de mayo con el 68% de los electores, más de 6.200.000 votos. Con este acto iniciara su segundo periodo presidencial 2019-2025.
Sin embargo, estos resultados fueron cuestionados por la comunidad internacional por considerar que el proceso no estuvo ajustado a los estándares nacionales e internacionales. Pero al acercarse la fecha, tanto los países que decidieron no reconocer las elecciones, como la propia administración de Maduro, están decidiendo la ruta de acción después de la toma de posesión.
A manera de muestra de poder, cuatro días después de las elecciones, Maduro se presentó como el ganador de los comicios en un acto en la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), órgano oficialista promovido por él mismo. En su discurso, ratificó que las elecciones fueron “libres” y “constitucionales”.
En la región, solo El Salvador, Cuba, Nicaragua, Bolivia y Surinam reconocieron las elecciones y felicitaron a Maduro por haber ganado; mientras Ecuador y Uruguay optaron por llamar al diálogo. El resto de los países, entre ellos EE.UU., afirmaron que no reconocerían las elecciones como legítimas. Fuera del continente, países como Rusia, China, Turquía, Irán y Siria fueron quienes felicitaron a Maduro por su reelección; mientras que la Unión Europea cuestionaba los resultados.
Los meses han pasado y apenas este 19 de diciembre, 15 países de América y el Caribe miembros del Grupo de Lima, instancia multilateral creada en 2017 para buscar una salida pacífica a la crisis en Venezuela, reiteraron su desconocimiento de las elecciones y para este 4 de enero se espera, en un encuentro de los cancilleres en Perú, un pronunciamiento en conjunto donde estén las diversas medidas diplomáticas y políticas de cara al 10 de enero.
Entre las medidas que se escuchan está la propuesta de Perú al Grupo de Lima de romper relaciones diplomáticas con Venezuela como una forma de ejercer mayor presión sobre el Gobierno después de ese jueves.
En el caso de EE.UU., quien no está en el Grupo de Lima pero es uno de los países de la región que lo avala, el embajador del país ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Carlos Trujillo, reveló en una entrevista a la agencia EFE que pedirá la convocatoria de un Consejo Permanente de la organización para realizar un “debate regional» sobre el escenario que se abrirá después de la toma de posesión de Maduro.
Esta sería la última dentro de una lista de acciones, entre ellas un número importante de sanciones a funcionarios venezolanos, y declaraciones en la que EE.UU. expresa su preocupación por la situación política, social y económica que atraviesa el país causada, aseguran, por el gobierno de Nicolás Maduro.
“A Venezuela no la va a chantajear nadie. Quien se quiera ir con su embajador, allí está el Aeropuerto de Maiquetía. Váyanse de aquí. Ahora, el que se quede, que se quede respetando Venezuela”. Esa fue la respuesta de Maduro en rueda de prensa con medios nacionales e internacionales este mismo mes ante el nuevo panorama que se le presenta.
El canciller del país, Jorge Arreaza, siguió esta línea del presidente Maduro y en una reunión con el cuerpo diplomático acreditado aseguró que: “El Estado que quiera, ante el nuevo gobierno del presidente Maduro, retirar su embajador, su cuerpo diplomático y consular de Venezuela puede hacerlo. Ojalá que quienes hayan pensado en semejante acción antidiplomática lo consideren”
Un acto ante los representantes del pueblo
El único requisito que la constitución venezolana establece para la toma de posesión es que se realice el 10 de enero del año en el que inicia el sexenio del presidente ante los representantes del pueblo debidamente electo; es decir, los diputados de la Asamblea Nacional (AN). Si por alguna situación o hecho excepcional, es imposible una sesión de la AN, pudiera hacerlo ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) del país. Así lo explica a la Voz de América, Juan Manuel Raffalli, abogado constitucionalista.
Raffalli agrega que lo que implica el acto es que el presidente está jurando que se va a cumplir bien y fielmente la constitución del país y por ende es una “formalidad esencial” para el ejercicio del cargo, “por eso es que incluso en una situación muy compleja, Chávez tomó posesión ante el TSJ (…) si no hay toma de posesión, no debería haber inicio del mandato”.
La legitimidad del ejercicio, explica Raffalli, es la que deriva del desempeño del cargo, pues a pesar de haber recibido el favor de los electores, no se ejerce el poder de acuerdo a los términos, condiciones y límites que establece la constitución. Pero, continúa, ante las características de las elecciones, a lo que se expone ahora el gobierno de Maduro es a una ilegitimidad de origen.
“El desconocimiento de un presidente (nacional o internacionalmente) está afuera de lo que debería ser la normalidad constitucional y por ello tiene que obedecer a unas causas muy graves, como se están planteando ahora, y es el hecho de que el 20 de mayo no hubo elección autentica, justa y libre, en los términos en que los estableces los tratados y acuerdos internacionales”, indica el especialista.
El abogado señala que que el gobierno se encontraría en una encrucijada porque de juramentarse ante la ANC, incumple con la constitución; pero si se juramenta ante el TSJ, desconoce la autoridad de una institución convocada por ellos mismos.
“Lo que se espera es una toma de posesión atípica en medio de tensiones, deslucida, con quizás presencia muy menguada de países que normalmente han sido aliados de Venezuela, y, sobre todo, con unas características protocolares atípicas”, afirma Raffalli.
Moises Rendón, investigador y director asociado del Programa para las Américas en el Center for Strategic and International Studies (CSIS), un centro de estudios políticos en Washington D.C., detalla que hasta 48 países han decidido no reconocer el próximo mandato de Maduro y que el 10 de enero representa una puerta para cambiar el panorama político de la nación suramericana.
“El 10 de enero representa una oportunidad única y legítima para la comunidad internacional y para las fuerzas democráticas en Venezuela de poder ejercer una presión, que antes a lo mejor no se había visto, para poder restaurar la democracia en Venezuela”, indica Rendón.
Afirma que este escenario presenta una lista de posibilidades diplomáticas, legales y políticas para la comunidad internacional “que antes simplemente no se tenía porque Nicolas Maduro era reconocido como presidente”. Una de ellas es la propuesta de Perú, de suspender a los actuales embajadores que representan a la administración de Maduro antes los distintos países, y viceversa.
Esto implicaría, agrega, un factor de aislamiento importante que pudiese llevar a “los aliados de Maduro, internamente, a que se pregunten si están siguiendo a una persona que no es reconocida por el mundo como presidente o van a cambiar la estrategia”.
También podrían verse afectados, apunta el experto, los tratados y contratos internacionales que Venezuela negocie a partir del 10 de enero, pues tendrían que hacerse, si asume el rol, a través de la Asamblea Nacional y no a través del Ejecutivo.
“Creo este es el tipo de evento que podría cambiar la dirección de la situación en Venezuela a algo mejor, a algo positivo, a algún tipo de cambio”, señala Rendón.
Otra pieza en el rompecabezas
Sin embargo, antes de que haya toma de posesión, hay otro acto importante: la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, elige una nueva junta directiva que comenzará sus labores el 5 de enero. Según un acuerdo de “gobernabilidad parlamentaria” al que llegó la coalición cuando fue electa en 2015, cada uno de los partidos políticos que los conforman rotarían en la directiva.
Es por ello que en 2019 le corresponde designar un presidente a Voluntad Popular, partido en el que su coordinador nacional, Leopoldo López, es un preso político desde 2014 con casa por cárcel; y su sucesor, Freddy Guevara, lleva más de un año asilado en la embajada de Chile en Caracas. A pesar de esto y según declaraciones a medios nacionales de varios diputados, se espera que se mantenga el acuerdo.
Si bien aún no hay una decisión concreta, el primer vicepresidente del parlamento, Julio César Reyes, informó que en los próximos días los parlamentarios tomarán una decisión sobre el desconocimiento del nuevo período presidencial, reseñaron también medios locales.
En declaraciones recogidas por la Voz de América, el presidente de la Comisión Permanente de Asuntos Exteriores, el diputado Francisco Sucre, advirtió sobre “las inconveniencias de que las embajadas en Venezuela se retiren en un 100 por ciento, porque precisamente esto es lo que está buscando el gobierno de Maduro, el aislamiento”.
Para la diputada Delsa Solórzano, coordinadora nacional del recién creado movimiento Encuentro Ciudadano, la situación va un poco más allá. Recordó que ya la Asamblea Nacional declaró, tras un largo procedimiento administrativo, el abandono del cargo de Maduro y, después de los comicios, su nulidad.
“No hay manera que Maduro tome posesión de un cargo que no tiene”, indica la parlamentaria, pero agrega que en esta oportunidad lo que marca una diferencia es la actitud de la comunidad internacional, a quienes les pide acciones concretas tras “un desconocimiento absoluto del régimen de Maduro”.
A lo interno, señala que nadie puede solo y por ende “todos nos necesitamos para salir de esto”. Afirma que es necesario que la unidad interna trabaje junto a la comunidad internacional, pero que también ciertos organismos del estado dejen de “cumplir órdenes inconstitucionales”.
Sobre el compañero que asuma la presidencia de la directiva, señala que no puede estar solo, pues le corresponde a la Asamblea Nacional liderar todo este proceso, apoyándose entre ellos con una propuesta conjunta ante el panorama que se presenta en enero.
Rendón concuerda con la diputada Solórzano al identificar dos personajes ante esta situación: los países que quieren ayudar y los venezolanos. “Tienen que unificar los esfuerzos hacia el 10 de enero”, señala.
La oposición, agrega, es un requisito “sine qua non”. “No puede haber una respuesta eficiente al 10 de enero, si no hay una oposición unida, y si no hay una Asamblea Nacional dispuesta asumir su rol constitucional a partir del 10 de enero”.
En esencia, el parlamento “asumiría la responsabilidad del Poder Ejecutivo en Venezuela y de las relaciones internacionales de la República”, expone el experto, y si no asume el rol vas a tener a una comunidad internacional “confundida” y “frustrada”.
El gobierno no ha dado detalles de dónde se realizará el acto ese jueves de enero o quienes, del cuerpo diplomático acreditado en el país o enviados especiales, asistirán.
Con información de La Voz de América
