La situación de derechos humanos en Venezuela «sigue afectando a millones de personas con claros impactos desestabilizadores en la región», dijo en un informe el lunes la Alta Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.

La declaración da continuidad a un informe anterior emitido el en julio pasado, después de la visita realizada por Bachelet a Venezuela.

«Aliento a las autoridades (gobierno en disputa de Nicolás Maduro) a que investiguen las denuncias de tortura, castiguen a los responsables, reparen a las víctimas y adopten medidas para evitar su repetición», dijo Bachelet en el informe en que señala que persisten los malos tratos en las prisiones.

«Mantengo mi compromiso de seguir cooperando con las autoridades para lograr cambios sustanciales y poner fin a las violaciones de derechos humanos documentadas en mi informe», sostiene el texto.

La Alta Comisionada de la ONU para los DD.HH. indicó que su Oficina está al tanto de que algunas organizaciones de la sociedad civil y sus representantes que colaboraron en la preparación de su anterior informe fueron víctimas de descalificaciones públicas y amenazas por altos funcionarios.

«Las represalias por haber cooperado con las Naciones Unidas son inaceptables e insto a las autoridades a que tomen medidas de prevención», dice el informe.

«Reitero mi llamado tanto al gobierno (en disputa) como a la oposición para que superen sus diferencias y den prioridad a la negociación que considero como la única manera para poder superar la actual situación», agrega.

El informe advierte sobre el deterioro económico que sigue avanzando y acerca de que continúan los casos de posibles ejecuciones extrajudiciales a manos de fuerzas bajo el mando de Maduro.

Bachelet dijo, no obstante, que su oficina » ha logrado restablecer el trabajo» en Caracas y que el gobierno en disputa de Nicolás Maduro «ha confirmado su voluntad de avanzar sobre la base de los compromisos en materia de derechos humanos asumidos» durante su visita en junio.

Afirmó que en cuanto a la situación de las cárceles hay «avances recientes», citando que el 6 de septiembre un miembro de su equipo fue autorizado a visitar el Centro de Procesados Militares Ramo Verde.

Esta, afirmó, es la seta visita a prisiones desde marzo. Dijo que se avanza en establecer un protocolo y calendario de visitas para los próximos meses. Afirmó que han sido excarceladas 83 personas, incluidas aquellas cuya detención había sido considerada como arbitraria por el Grupo de Trabajo de Detención Arbitraria y que seguían en régimen de detención, así como otros casos señalados por la Oficina.

«Queda pendiente la liberación plena de la Jueza Afiuni y del periodista Braulio Jatar, quienes obtuvieron medidas parciales», dice el informe del lunes.

Según el informe, el gobierno en disputa «se ha comprometido a establecer un mecanismo para atender casos individuales» y Bachelet ha remitido 7 casos prioritarios. Otros detalles sobre este aspecto no fueron revelados de inmediato.

La situación médica de algunos detenidos está en el centro de atención del Alto Comisionado de la ONU que lidera Bachelet.

Sigue el deterioro económico

El informe del lunes señala que «la situación económica y social sigue deteriorándose rápidamente, restringiendo el ejercicio de los derechos económicos y sociales de millones de personas».

Recuerda que la economía atraviesa lo que podría ser el episodio hiperinflacionario más agudo que haya experimentado la región, afectando la capacidad de compra de alimentos básicos, medicamentos y otros bienes esenciales.

«Al día de hoy, el salario mínimo equivale a 2 dólares mensuales, en comparación con los 7 dólares en junio. Así, una familia necesita percibir el equivalente a 41 salarios mínimos mensuales para poder cubrir la canasta básica alimentaria», advierte.

Señala además como factor negativo que «la dolarización de facto en varios sectores de la economía está exacerbando las desigualdades».

Otros problemas graves son las fallas en los servicios públicos, sobre todo en el estado Zulia. «El desabastecimiento de combustible fuera de Caracas ha agravado la situación».

Bachelet reiteró su «preocupación por el impacto potencialmente severo en los derechos humanos del nuevo conjunto de sanciones impuestas por el Gobierno de Unidos de América».

«Persisten serios obstáculos en la disponibilidad y accesibilidad económica a los alimentos. Por ejemplo, Cáritas registró un 35 por ciento de desnutrición crónica en los niños y niñas menores de 5 años atendidos en junio de 2019 en las zonas más pobres de 18 estados», indica el informe.

Otros puntos señados son «el insuficiente acceso a medicamentos y tratamiento de más de 400,000 personas que padecen enfermedades crónicas».

Apunta a que se ha registrado la muerte de pacientes con insuficiencia renal debido a la escasez de medicamentos e insumos para ser dializados desde 2017. A su vez alude a que debido al desabastecimiento de suministros, los únicos dos centros en el país donde se pueden practicar trasplantes de médula ósea se enfrentan a serios problemas operativos.

«Debido a problemas financieros al menos 39 personas, incluidos niños y niñas, se encuentran en Venezuela esperando viajar al extranjero para ser trasplantados en el marco de programas estatales. En los últimos meses, al menos 4 niños y niñas habrían fallecido durante la espera», señala el texto.

Ejecuciones extrajudiciales

Bachelet indicó que su Oficina «ha seguido documentando casos de posibles ejecuciones extrajudiciales cometidas por miembros de las Fuerzas de Acción Especiales de la Policía Nacional – conocidas como FAES – en algunos barrios del país».

Citó que tan sólo en el pasado mes de julio la organización no-gubernamental Monitor de Víctimas identificó 57 nuevos casos de presuntas ejecuciones cometidas por miembros del FAES en Caracas.

«Los casos documentados muestran el mismo patrón identificado en mi informe de junio y revelan la ausencia de mecanismos eficaces para proteger a los testigos y familiares de las víctimas, quienes en su mayoría son mujeres»

Bachelet dijo que «no ha recibido información sobre medidas para implementar la recomendación del informe sobre la disolución de las FAES y prevenir la posible comisión de ejecuciones extrajudiciales. Por el contrario, las FAES han recibido apoyo al más alto nivel del gobierno (en disputa de Nicolás Maduro).

Según información recibida recientemente por parte del Ministerio Público que responde a Maduro, de agosto de 2017 a mayo de 2019, se condenaron a 104 miembros de fuerzas de seguridad por violación a los derechos humanos.

«Mi oficina espera información detallada sobre el tipo de violación a los derechos humanos, la adscripción institucional de los funcionarios, y el perfil de las víctimas», dice el texto.

Bachelet instó a las autoridades de justicia a agilizar las investigaciones y procesos penales del resto de los casos de muertes en el contexto de protestas.

«Me preocupa el aumento de presencia de militares en el territorio del pueblo indígena Pemón, así como casos recientes recibidos de violencia en contra de personas indígenas, como las muertes de dos jóvenes Warao en julio presuntamente por elementos del FAES, las muertes de una mujer indígena Warao embarazada, y una niña de 6 años, así como la muerte de un líder indígena Curripaco en Amazonas, cometidos supuestamente por miembros de la Guardia Nacional Bolivariana», afirmó.

Otras preocupaciones de Bachelet

La Alta Comisionada de la ONU para los DDHH dijo que le peocupa el impacto que la extracción de oro, diamantes, coltán y otros metales en el Arco Minero del Orinoco está teniendo en la forma de vida de los pueblos indígenas, así como el impacto ambiental en sus territorios.

Bachelet también señaló que desde la presentación de su informe, la Asamblea Nacional Constituyente, a petición del Tribunal Supremo, -ambos bajo las órdenes de Maduro-, ha levantado la inmunidad parlamentaria a otros cuatro diputados de la Asamblea Nacional, elevando el número total a una parlamentaria y 24 parlamentarios despojados de inmunidad, incluido su presidente (Juan Guaidó).

Recordó que dos parlamentarios siguen en detención preventiva a la espera de juicio: «Confío en que mi oficina pueda visitarles pronto».

A su vez rechazó la condena contra el líder sindical Rubén González a 5 años y 9 meses de prisión por un tribunal militar el 13 de agosto por hechos ocurridos en el ejercicio de su activismo sindical: «Su familia también ha sido objeto de diversas formas de hostigamiento. La aplicación de la justicia militar para juzgar a civiles constituye una violación del derecho a un juicio justo, incluido el derecho a ser juzgado por un tribunal independiente e imparcial».

Bachelet llamó la atención sobre recientes acciones que buscan aprobar una ley que tipifica como delito las actividades de las organizaciones de derechos humanos nacionales que reciben fondos del extranjero.

«Esa ley, si se aprueba y aplica, reducirá aún más el espacio democrático. Lamento también los recientes ataques del gobierno (en disputa) en contra de la autonomía universitaria.

Tortura y mal trato a presos

«Mi Oficina documentó casos de tortura y malos tratos, tanto físicos como psicológicos, de personas arbitrariamente privadas de su libertad, en particular de militares. Las condiciones de detención no cumplen con los estándares internacionales básicos y las personas detenidas no tienen acceso a atención médica adecuada», dijo Bachelet.

A su vez, solicitpo a las autoridades que tomen acciones para corregir estas prácticas, permitir acceso médico e investigar violaciones a los derechos humanos.

«La autopsia del Capitán Acosta Arévalo, quien falleció bajo custodia el 29 de junio, reveló que había sufrido múltiples golpes, contusiones, excoriaciones y quemaduras en varias partes del cuerpo. Sufrió fracturas en 16 costillas, el tabique nasal y el pie derecho».

Señaló que pese a que el gobierno en disputa reportó que dos oficiales de la DGCIM habían sido detenidos y acusados de homicidio preterintencional, no indicó que hubo «actos de tortura».

Migración venezolana

Bachelet señaló que según las últimas cifras de Naciones Unidas hay más de 4,3 millones de personas venezolanas refugiadas y migrantes en el mundo.

Aludió a los esfuerzos realizados en materia de recepción, documentación y acceso a derechos en los países de acogida.

«Concuerdo con las palabras de Eduardo Stein, Representante Especial del Secretario General para los refugiados y migrantes venezolanos, sobre la necesidad de adoptar medidas para garantizar una migración segura, ordenada y regular, las mismas no deberían imponer obstáculos de acceso al territorio que pueden incrementar la migración irregular, y exacerbar los riesgos a ser víctimas de diversas formas de violencia y explotación».

Se refirió a la preocupación por los «informes de brotes de xenofobia en países de la región y dijo que redobla su pedido a las autoridades de los países de acogida para mitigarlos y prevenirlos preservando los derechos de las personas migrantes y refugiadas.

El texto agrega que la la Oficina de la Alta Comisionada «ha seguido documentando casos de personas migrantes víctimas de trata, particularmente mujeres, niñas y niños, con fines de explotación sexual, laboral y de reclutamiento para actividades ilícitas por parte del crimen organizado y de otros grupos armados».

También agrega que las víctimas no suelen denunciar por temor a represalias o a ser deportadas, y también debido a la corrupción, impunidad y falta de servicios de atención adecuados.

Señala además «la desaparición de decenas de personas migrantes cuyas lanchas naufragaron o desaparecieron en las costas caribeñas, aparentemente relacionada con redes de trata y tráfico de personas hacia las islas del Caribe».

Con información de La Voz de América