Por Henry Popá y Luis Hernández |
El Congreso de la República de Guatemala se encuentra de nuevo en el ojo del huracán, esta vez porque avalaron la creación de una comisión que se encargará de investigar los casos de corrupción destapados por la Comisión Internacional en Contra de la Impunidad en Guatemala (Cicig).
Durante la reunión, 82 diputados votaron a favor de crear esta comisión que tendrá vigencia de tres meses. Entre ellos, se encuentran seis de los siete diputados que representan a Quetzaltenango.
Ellos son: Rubén Misael Escobar Calderón (reelecto con la UNE), José Conrado Hidalgo García Hidalgo (independiente), José Alberto Hernández Salguero (UCN), Pedro Méndez Carreto (Todos), Juan Carlos Salanic García (UNE) y Nery Orlando Samayoa Barrios (Bloque Legislativo Reformador).
#ActualidadGT | Congreso de la República aprueba la creación de comisión para investigar casos de corrupción descubiertos por @CICIGgt. Seis de los siete diputados por #Quetzaltenango votaron a favor para crear comisión.
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— Stereo100Noticias (@stereo100xela) September 25, 2019
De los seis diputados anteriores, Escobar Calderón, Méndez Carreto, Salanic García y Samayoa Barrios fueron parte de los 107 legisladores que aprobaron el “Pacto de corruptos”, el cual consistía en reformar el delito de financiamiento electoral ilícito y la conmutación de penas.
La comisión que investigará casos de Cicig estará integrada por los diputados: Luis Pedro Álvarez (independiente), Manuel Conde (PAN), Luis Hernández Azmitia (Movimiento Reformador), Juan Ramón Lau (Todos) y Aníbal Rojas (Viva). De ellos, Conde y Lau están vinculados al “Pacto de corruptos).
La comisión se encargará de:
- Determinar la existencia de acciones ilegales o arbitrarias hechas por Cicigi y que hayan atentado los derechos de los guatemaltecos.
- Recabar, evaluar y sistematizar información de persona, entidad pública o privada que haya sido víctima de acciones ilegales y arbitrarias.
- Requerir información de cualquier funcionario, así como declaraciones, documentos e informes y colaboración respecto a posibles acciones ilegales y arbitrarias.
- Denunciar ante las autoridades y exigir la destitución de funcionarios y empleados públicos que en el ejercicio de su cargo hayan cometido presuntamente acciones ilegales y arbitrarias en consenso o bajo instrucciones de la Cicig.
- Invitar a financistas de la Cicig para que compartan información respecto a los recursos proporcionados y si esa entidad rindió informes de gastos, proponiendo una autoría forense.
- Solicitar información a los gobiernos sobre el historial profesional y personal del personal de la Cicig.
- Presentar denuncias ante el Ministerio Público para que este solicite, de ser el caso, la extradición del personal de la Cicig si se considera que cometió algún ilícito.
Con información de Prensa Libre
