Por Fredy de León |
El proceso judicial por el naufragio ocurrido en noviembre de 2018, donde murieron cuatro personas y cinco están como desaparecidas, se ha extendido en el Juzgado de Primera Instancia Penal de Sololá, debido a la incomparecencia de Otoniel Yach Xingo Tercero, civilmente demandado y quien figura como propietario de la embarcación.
La incomparecencia afecta a ambas partes, porque Ignacio Pospoy, quien maniobraba la embarcación el día de la tragedia, permanecerá en prisión dos meses más y los agraviados, en representación de sus familiares desaparecidos y fallecidos, piden justicia pronta.
Familiares manifestaron que no desistirán del proceso hasta que se haga justicia. Ana Lucía Molina, familiar de unas de las víctimas, dijo: “el dueño de la lancha quizá quiera retrasar el proceso, pero nosotros continuaremos firmes porque queremos justicia por nuestros seres queridos”.
“Ellos como agraviados quieren que se acelere el trámite judicial, pero también están anuentes a cualquier negociación con la parte sindicada. Lamentablemente no hay objetividad para llegar a este punto”, dijo Pablo Reanda, abogado querellante.
La abogada defensora, Aura Ordoñez, dijo: “es negligente de parte del ente encargado de efectuar las notificaciones ya que la misma Constitución establece la forma en que debe realizarse, lo cual reduce las posibilidades de demostrar la inocencia de mi defendido, es injusto que pase más tiempo en prisión preventiva”.
La audiencia de etapa intermedia, donde se haría la discusión de pruebas, fue suspendida por segunda ocasión por el juez de garantías Otto Vásquez, debido a que no se logró la notificación de forma personal a quien figura en los registros de las autoridades como el propietario de la embarcación.
