La fiscalía de la Audiencia Nacional española solicitó este jueves prisión incondicional preventiva para ocho miembros del destituido gobierno independentista catalán, sospechosos de sedición y rebelión, y cárcel eludible bajo fianza para un noveno.
Los nueve miembros del gobierno catalán cesado acudieron a declarar este jueves a Madrid, una convocatoria a la que no respondieron el presidente depuesto Carles Puigdemont y otros cuatro ministros que se fueron a Bélgica.
Los encausados llegaron hacia las 9 horas sin hacer declaraciones y acompañados de otros políticos independentistas que fueron a expresarles su apoyo.
En la Audiencia Nacional estaban citados los 14 miembros del gobierno catalán depuesto y, en el Tribunal Supremo, seis diputados, todos ellos como sospechosos de rebelión, sedición y malversación de fondos.
Sin embargo, la declaración de los seis diputados, entre ellos la presidenta del parlamento catalán Carme Forcadell, fue aplazada hasta el 9 de noviembre, un plazo solicitado por las defensas alegando que sólo habían tenido un día para preparar su estrategia y necesitaban más tiempo.
La única medida cautelar que impuso la corte fue estar telefónicamente a disposición de la policía.
“La defensa ha pedido un tiempo para preparar de una manera más razonable su estrategia”, dijo el abogado Javier Melero, que respondió “por supuesto” cuando se le preguntó si Puigdemont debería haber acudido.
“Supongo que forma parte de una estrategia judicial”, dijo sobre la ausencia de Puigdemont la portavoz de su partido, el PDeCAT, Marta Pascal.
De los 14 miembros del gobierno destituido citados a declarar, faltaban cinco, incluyendo a Puigdemont, que se fue a Bélgica denunciando la ausencia de garantías judiciales y desde allí anunció que no comparecería.
En cambio, sí acudieron el número dos Oriol Junqueras y el titular de Exteriores, Raúl Romeva, y el portavoz Jordi Turull, el primero en declarar.
Los 20 estaban citados en calidad de investigados por rebelión, sedición y malversación de fondos por su papel en la proclamación de la república catalana el 27 de octubre, a la que el gobierno central de Mariano Rajoy respondió con el cese del ejecutivo catalán y la disolución del parlamento.
Se trata de delitos muy graves que pueden acarrear hasta 30 años de cárcel.
“Estas citaciones se enmarcan en un sumario sin fundamento jurídico que sólo busca castigar ideas”, denunció Puigdemont en un comunicado.
Con información de Radio Francia Internacional
