Por Shirlie Rodríguez |

El 11 de septiembre de 2018, la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público (MP) dieron a conocer un caso de corrupción más y por ello desarrollaron más de 30 allanamientos.

Una parte de los operativos se centró en Quetzaltenango, donde habían investigaciones de posibles actos de corrupción en la comuna altense.

La sociedad quetzalteca despertó ese martes, hace un año, con la noticia que estaban allanando la vivienda y oficinas del exalcalde, Jorge Rolando Barrientos Pellecer, así como de sus familiares y exfuncionarios de la corporación municipal. En total, CICIG y MP capturaron a 16 personas.

Al menos por cinco horas, estuvieron ingresando los detenidos al Centro Regional de Justicia, zona 6 de Xela, quienes eran escoltados por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC). Los últimos en llegar fueron el exalcalde Barrientos y su esposa, Rossana de Barrientos. El exfuncionario habló con los medios de comunicación y agradeció a quienes oraban por él y mencionó que era mejor citarlo para este caso.

Otra detenida fue la exgobernadora de Quetzaltenango, María Elisa López Ixtabalán, y a su llegada a tribunales varias personas le demostraron su apoyo.

La audiencia de primera declaración se desarrolló en diciembre y los 16 detenidos permanecieron en prisión provisional.

El 21 de diciembre, en el Juzgado de Mayor Riesgo de Quetzaltenango, la jueza Abelina Cruz Toscano dio la resolución de la primera declaración y ligó a:

  1. Jorge Rolando Barrientos Pellecer (exalcalde). Lavado de dinero, cohecho pasivo en forma continuada, abuso de autoridad, malversación, fraude en forma continuada y asociación ilícita.
  2. Carlos Daniel Illescas López (exfuncionario de la Municipalidad de Quetzaltenango). Asociación ilícita, lavado de dinero, fraude en forma continuada, cohecho pasivo en forma continuada y lavado de dinero.
  3. Carlos Humberto Prado Bravo (exfuncionario municipal). Asociación ilícita, fraude en forma continuada, cohecho pasivo en forma continuada, lavado de dinero, abuso de autoridad y malversación.
  4. Carlos Roberto Pereira Gálvez (exfuncionario de la Municipalidad de Quetzaltenango). Asociación ilícita, fraude en forma continuada, cohecho pasivo en forma continuada, lavado de dinero, abuso de autoridad y malversación. Falta de mérito en el delito de incumplimiento de deberes.
  5. María Elisa López Ixtabalán (exgobernadora de Quetzaltenango). Asociación ilícita, casos especiales de estafa en forma continuada, cohecho pasivo en forma continuada y lavado de dinero. Se reformó el delito de fraude por el de estafa en forma continuada.
  6. Mario César Pacay García (exfuncionario de la municipalidad). Asociación ilícita y cohecho pasivo.
  7. Maximiliano Ingemar De León Argueta (exfuncionario municipal). Asociación ilícita, fraude en forma continuada, cohecho pasivo en forma continuada, lavado de dinero, abuso de autoridad, malversación.
  8. Cástulo Domingo Cayax (empresario). Asociación ilícita, estafa de manera continuada y lavado de dinero.
  9. Werner Gudiel Domínguez Sánchez (empresario). Asociación ilícita, estafa de manera continuada y lavado de dinero.
  10. Celso Sarceño González (empresario). Asociación ilícita, estafa de manera continuada y lavado de dinero.
  11. Marvin Obdulio Rodas López (empresario). Asociación ilícita, estafa en forma continuada y lavado de dinero.
  12. Julio César Saj Güinac (empresario). Asociación ilícita, estafa de manera continuada y lavado de dinero.
  13. Luis Alberto Menchú Maldonado (empresario). Asociación ilícita, estafa de manera continuada y lavado de dinero.
  14. Willy Rolando Vásquez De Leon (empresario). Asociación ilícita, estafa de manera continuada y lavado de dinero.

Según la acusación del MP, durante el gobierno municipal de Barrientos acordaron, junto con los funcionarios del Concejo y empresarios, para quedarse con un 35 por ciento del costo de los proyectos de infraestructura que se ejecutaron en Quetzaltenango y recibir dinero en efectivo, también se supone que recibían vehículos y propiedades.

En la actualidad el caso está estancado, porque la defensa de Barrientos Pellecer presentó un incidente por violación al debido proceso por dejar a Jorge Ernesto Palomo Lepe como colaborador eficaz y en base a su testimonio se realizó la parte de la investigación. De esto aún se presentan pruebas para que el juez del Juzgado de Mayor Riesgo resuelva y se defina el futuro del caso.

En julio reciente, la CICIG renunció a ser parte del caso porque el convenio de la entidad con el Gobierno de Guatemala terminó en septiembre y ahora continúa la FECI con el caso.

Mientras tanto, los implicados en este caso están en libertad, porque fueron beneficiados con medidas sustitutivas. Los funcionarios pagaron Q1 millón en efectivo o con propiedades para salir de prisión, en donde estuvieron al menos cuatro meses.