El gobierno de Nicaragua ha lanzado una ofensiva para recaudar la mayor cantidad de dinero y financiar el gasto público de una economía que acumula dos años de recesión, en una medida en la que no se salvan ni los servicios sanitarios ni migratorios y que a criterio de empresarios y economistas «exprime y asfixia» los pocos recursos de la población nicaragüense.
El presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada, José Adán Aguerrí, enumeró 10 acciones que el gobierno ha ejecutado en lo que va de 2020 con el objetivo de obtener mayor financiamiento.
«Lo que estamos viendo es esa voracidad recaudatoria que va en aumento y que no se detiene y lo único que hace nuevamente es afectar ya no solo a las empresas sino al ciudadano de a pie, afectar en general e inclusive la posibilidad de enfrentar la pandemia», dijo el empresario.
Entre las medidas que ha identificado el sector privado están las reformas a las leyes 654, Ley de Patentes de Invención, Modelo de Utilidad y Diseños Industriales, y la Ley 380, Ley de Marcas y otros signos distintivos. Lo que supone un aumento de hasta el 35% de las tarifas y servicios vinculados a la innovación y la propiedad intelectual.
Además está el incremento de las pagos de renta por capital por parte de la Dirección General de Ingresos, la sobrevaloración del valor catastral de las propiedades en la alcaldía, las dudas de valor, que se ha convertido en la política sistemática con todas las importaciones que llegan al país para la empresa privada.
A la larga lista, también sumaron las clasificaciones arancelarias, el incremento de los costos por servicios en la Dirección General de Aduanas, y otras medidas que afectan directa el bolsillo de los ciudadanos como el cobro de las pruebas de COVID-19 para viajar a otros países, el reciente cobro de la vacuna contra la fiebre amarilla y la dolarización de los servicios migratorios.
Todo esto sin contar con la reforma fiscal aprobada en el año 2019 que gravó productos que estaban exentos de IVA como insumos agrícolas, productos de la canasta básica, y el anticipo de impuesto sobre la renta.
El economista Luis Murillo advierte que si estos hechos siguen ocurriendo se verá un mayor retroceso en la recuperación de la economía que anticipa una estrepitosa caída para este año.
«Este tipo de medidas están siendo aplicadas de una manera incorrecta, cuando una economía esta en recesión económica deberían establecer políticas expansivas, esto significa disminuir impuestos y generar mayores niveles de gasto, en contraposición cuando una economía esta bien, si se pueden aumentar los niveles de impuestos”, explica el economista.
En tanto, el expresidente del Banco Central de Nicaragua, Mario Arana, señala que la crisis económica, que aparentemente vive el Estado, es provocada por razones políticas y que la solución a la misma es también política.
Para Arana, en el fondo «es el mismo problema, este es un gobierno que se ha resistido a resolver por la vía racional sus problemas, y ha sobrepuestos su afán de sostenerse en el poder cuando tiene a todo el mundo encima. Tiene a la comunidad internacional en contra de aprobar nuevos recursos para Nicaragua, por tanto no tiene acceso a fondos externos. Ahora es caerle a otros cobros de diferentes servicios».
Los expertos advierten que las repercusiones son a «todos los niveles» afectando a la población en general. El economista, Luis Núñez señala que las medidas no ayudan a la reactivación económica, por el contrario golpean en todos los niveles a la población.
«Incrementar ahora los servicios a la población, dolarizar algunos servicios, el incremento a la energía eléctrica, al agua potable, y las alteraciones en las facturas, solo limitan la capacidad de consumo de los nicaragüenses», criticó Núñez.
Con información de Daliana Ocaña / La Voz de América
