Silvia de León, jueza de Mayor Riesgo C, envió a juicio al exalcalde de Chinautla, Édgar Arnoldo Medrano, y a otros 17 sindicados de integrar una estructura de corrupción que funcionó dentro de la comuna para beneficiarse de fondos públicos.
La jueza resolvió, durante la etapa intermedia, resolvió que los 18 implicados en el caso enfrenten a la justicia por los delitos siguientes:
1.- Edgar Arnoldo Medrano Menéndez: asociación ilícita, fraude y lavado de dinero.
2.- María Luisa Osorio Vásquez: asociación ilícita y fraude.
3.- José Lizandro Mendizabal Monroy: asociación ilícita y lavado de dinero.
4.- Max Alfonso Muralles Aché: asociación ilícita, fraude y lavado de dinero.
5.- David Antonio Pérez Muralles: asociación ilícita y fraude.
6.- William David Colindres Pérez: asociación ilícita y lavado de dinero.
7.- Josué Alexander Colindres Pérez: asociación ilícita y lavado de dinero.
8.- Cristian Adolfo Pérez Guerra: asociación ilícita, y lavado de dinero.
9.- Héctor Adolfo Aguirre Vásquez: asociación ilícita y lavado de dinero.
10.- Esaú Alonzo Cajero Bautista: asociación ilícita, fraude y lavado de dinero.
11.- Brígido César Equité Guamuch: asociación ilícita.
12.- Milton Amory Pérez Guerra: asociación ilícita y lavado de dinero.
13.- Milton Alexander Aguirre Vásquez: asociación ilícita.
14.- Manuel Escalante Vásquez: asociación ilícita.
15.- Samuel Escalante Vásquez: asociación ilícita y lavado de dinero.
16.- Óscar Noé Cajero Bautista: asociación ilícita.
17.- Alba Lissette Fabián Barrera: asociación ilícita y fraude.
18.- Silvia Lorena Escobar Ariza: asociación ilícita.
Antecedentes
De acuerdo a información del Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional en contra de la Impunidad en Guatemala (Cicig), en este caso está ligado el hijo del exalcalde de Chinautla, el diputado Gustavo Arnoldo Medrano Osorio, a quien la Corte Suprema de Justicia (CSJ) le retiró la inmunidad en febrero de este año para ser investigado.
La investigación surgió por una denuncia en el 2011, la cual fue interpuesta por la Intendencia de Verificación Especial (IVE) de transacciones sospechosas de constructoras que recibían fondos de la comuna de Chinautla, que en ese año era dirigida por Medrano.
La familia Medrano-Osorio operaba creando empresas manejadas por terceras personas que prestaban su nombre y la contratación de operadores.
Por medio de acciones fraudulentas se adjudicaban contratos millonarios para su red de empresas, los cuales les generan beneficios a todos sus integrantes. Ese dinero, inyectado a dichas empresas, era utilizado para beneficios personales y mantenerse como un grupo de poder político-económico en Chinautla.
Con información de Cicig
