Los aliados del presidente filipino Rodrigo Duterte tomaron el control del Senado de Filipinas en las elecciones de medio término, lo que ofrece al presidente la posibilidad de lanzar sus controvertidas reformas, entre ellas el restablecimiento de la pena de muerte.

Según los resultados electorales anunciados el miércoles, los partidarios de Duterte obtuvieron nueve de las bancas del Senado que estaban en juego en los comicios del 13 de mayo, por lo que controlan ahora 15 de los 24 escaños de la única institución que se resistía al gobierno.

Estos resultados dan vía libre al jefe de Estado para lanzar sus controvertidos proyectos de restablecimiento de la pena de muerte y reforma de la Constitución.

El Senado filipino es tradicionalmente considerado como más independiente frente al Poder Ejecutivo que la Cámara de Representantes.

En los últimos tres años ha tenido un papel crucial para bloquear algunas de las iniciativas más controvertidas del impulsivo presidente.

Las tres bancas restantes que estaban en disputa fueron a manos de candidatos independientes, según la autoridades electorales.

El presidente Duterte conserva además la mayoría de los 297 escaños de la cámara baja.

«Está claro que será apoyado cuando presente los proyectos de ley que hasta aquí estaban bloqueados», declaró a la AFP el politólogo Ramon Casiple.

La hija de Marcos electa

Electo en 2016, Duterte fue objeto de críticas de las capitales occidentales a raíz de su violenta política de lucha contra el tráfico de drogas y sus discursos a veces groseros.

Las fuerzas de seguridad mataron a más de 5.300 presuntos traficantes y toxicómanos en el marco de la «guerra contra la droga», según las autoridades.

Asociaciones civiles estiman que esa cifra podría ser hasta tres veces más alta e incluso llegar al grado de crimen contra la humanidad.

Sin embargo, el presidente conserva una gran popularidad en el archipiélago, a raíz por ejemplo de su franqueza. Una parte de los filipinos lo ve como un recurso creíble frente a la ineficacia de las élites políticas tradicionales.

Entre los nuevos senadores está el exjefe de la policía nacional, Ronald dela Rosa, quien en 2016 estuvo a cargo del lanzamiento de la «guerra contra la droga».

Imee Marcos, la hija del difunto dictador Ferdinand Marcos, también entrará a la cámara alta del Parlamento, 33 años después de la caída de su padre durante la revolución de 1986.

La pena de muerte fue abolida en 1987, antes de ser reinstaurada seis años más tarde y vuelta a abolir en 2006, luego de una larga campaña de presión de la Iglesia Católica, que cuenta con 80% de fieles en el archipiélago.

En 2017, los filipinos dieron un gran paso hacia el restablecimiento de esta pena, con el voto en la Cámara de Representantes de una ley que la prevé para quienes sean detenidos en posesión de 500 gramos de marihuana o 10 gramos de cocaína, heroína o éxtasis.

Pero el texto no pasó el filtro del Senado.

El presidente también quiere bajar la edad de responsabilidad penal de 15 a 12 años.

Además, propone una reforma de la Constitución, en particular para descentralizar las instituciones.

Una reforma le podría permitir también modificar el límite del mandato único presidencial y abrirse así la puerta a una reelección en 2022.

Sin embargo, el exabogado de 74 años afirmó en varias oportunidades que no estaba interesado en permanecer más tiempo en la presidencia.

Se trata de una dura derrota para la oposición, que no supo lograr el apoyo de los electores a su programa centrado solo «en la necesidad de vencer a Duterte», explicó Casiple.

Las elecciones fueron un triunfo para el clan Duterte en su conjunto.

Sara, la hija del presidente, citada como posible candidata a la presidencial de 2022, conservó la alcaldía de la gran ciudad de Davao, en el sur. Su hermano Sebastian se convirtió en vicealcalde y su otro hermano Paolo fue electo diputado.

Con información de Radio Francia Internacional

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