En medio de la pandemia del COVID-19 y las necesidades inmediatas a raíz de la crisis sanitaria que vive el país, el gobierno del presidente Daniel Ortega mantiene la presión sobre opositores y la vigilancia constante de fuerzas especiales de la policía nacional en las calles del país con el objetivo de reducir cualquier expresión de protesta.
Semiprotegidos ante la emergencia sanitaria únicamente con tapabocas, los agentes policiales vigilan de día y de noche e incluso en medio de la lluvia las rotondas, centros comerciales y hasta supermercados.
La presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Vilma Núñez de Escorcia, dijo que la represión en Nicaragua se mantiene en diferentes modalidades.
“Se mantiene la intimidación que representa la movilización social para la policía y es hasta surrealista ver cómo la policía anda reprimiendo con tapabocas, es increíble que supuestamente se andan reservando de la pandemia del coronavirus, pero no dejan de reprimir. Es completamente una cosa surrealista”, resaltó la defensora de derechos humanos.
Mientras en la zona donde se encuentra la residencia presidencial permanecen aún las barricadas montadas por la Policía Nacional desde el año 2018 para proteger a la pareja Ortega-Murillo.
Núñez considera que la pandemia solo ha proporcionado al Estado otra forma para incrementar la represión basada en campanas de descalificación y persecución en contra de periodistas y comunicadores que informan sobre el avance de la enfermedad en el país. La misma campaña es impulsada contra médicos independientes y organismos defensores de derechos humanos que han exigido claridad en el manejo de la enfermedad.
“Los nicaragüenses estamos soportando una triple agresión: la agresión política, la crisis económica y la pandemia que se está convirtiendo en un instrumento más de represión de Daniel Ortega”, dijo Núñez.
Recientemente el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Stephen Biegun, notificó al Congreso de su país que el gobierno de Nicaragua sigue incumpliendo las medidas exigidas en la Nica Act para garantizar el respeto a los derechos humanos y elecciones libres y transparentes para restablecer la democracia en el país. Ese informe sería la base legal para más sanciones contra Nicaragua.
Los graves incumplimientos por parte del gobierno serían en “fortalecer el Estado de Derecho y la gobernanza democrática, incluida la independencia del sistema judicial y el consejo electoral”, indicó en el subsecretario Biegun.
Añade también que no hay avances en “investigar y responsabilizar a los funcionarios del gobierno de Nicaragua y otras personas responsables de los asesinatos de personas asociadas con las protestas en Nicaragua que comenzaron el 18 de abril de 2018; o para celebrar elecciones libres y justas supervisadas por observadores nacionales e internacionales creíbles”.
Los “derechos civiles y políticos, incluidos los derechos de libertad de prensa, expresión y asociación, para todas las personas de Nicaragua, incluidos los partidos de oposición política, periodistas, sindicalistas, defensores de los derechos humanos, pueblos indígenas y activistas de la sociedad civil,” tampoco se respetan en Nicaragua afirma el informe presentado por el funcionario estadounidense.
Según afirma el expresidente de “Hagamos Democracia”, Roger Arteaga “esto también va a provocar que el mismo Congreso instruya al presidente Trump que aumente las sanciones y que presione más para lograr el propósito que se busca, democratizar a Nicaragua”
Desde el estallido de las manifestaciones sociales en abril de 2018 que fueron reprimidas por la Policía junto a grupos parapoliciales, la sociedad civil, estudiantes, empresarios, campesinos, Iglesia Católica y partidos opositores han exigido el adelanto de las elecciones antes de 2021, mientras el gobierno sostiene que las autoridades del orden público garantizan la seguridad del país que se recupera lenta pero satisfactoriamente de lo que denominaron como “un fallido golpe de Estado”.
Con información de Daliana Ocaña / La Voz de América
