Con información de Shirlie Rodríguez.

Quetzaltenango. En el Juzgado de Mayor Riesgo de Quetzaltenango fueron ligados a proceso penal, una auxiliar fiscal del Ministerio Público (MP) y un médico, esto por participar en un hecho en el que se certificó una muerte por causas naturales, pero era un hecho delictivo.

La audiencia fue en contra de Ingrid García Orozco de la fiscalía en San Marcos y el médico Pablo Enrique Hernández, la primera fue ligada a proceso por el delito de incumplimiento de deberes y con falta de mérito por el de abuso de autoridad, mientras que Hernández será investigado por el delito de falsedad en certificado y no por obstaculización a la acción penal.

El proceso fue después de una investigación que se realizó por la muerte de Hashem Suleiman Arabyat, originario de Jordania, quien supuestamente murió por una caída, pero familiares se percataron que presentaba impactos de arma de fuego, el hecho es de septiembre del 2017 en Malacatán, San Marcos.

El juez Lester Castellanos mencionó en su argumentación que la auxiliar fiscal debía ser investigada por el caso porque no hizo una verificación objetiva, no revisó el cuerpo del fallecido. Además, existían medios de convicción que definían que el médico hizo la certificación, ya que estuvo en el lugar y verificó el cadáver de Suleiman.

El juzgador también mencionó que existían incongruencias y datos confusos que dificulta determinar qué sucedió en realidad con la persona fallecida.