El oro, un metal precioso codiciado y visto en todo el mundo como símbolo de riqueza y poder, está teniendo un significado contrario en Perú, donde la minería ilegal del altamente cotizado metal está devastando la selva tropical, contaminando sus ríos con mercurio y destruyendo el sustento de las comunidades locales.
Este efecto nocivo, como lo demuestran las investigaciones realizadas por la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) de la ciudad de Iquitos, situada en el noreste de Perú, contrasta ampliamente con lo que representa incluso el oro para muchas culturas, donde se le asocia a lo inmortal y lo divino.
«Desde el 2020 se viene investigando este (hecho) ilícito en la Cuenca del alto Nanay y en el (río) Napo», dijo recientemente el fiscal de Iquitos Carlos Castro Quintanilla, en alusión a las investigaciones que han revelado que la minería ilegal del oro en estos ríos, afluentes del Amazonas, está en manos de actores criminales transfronterizos.
El fiscal explicó además que estos actores criminales identificados son parte de una facción disidente de las desarmadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), conocida como «Sinaloa» o «Comandos de la Frontera».
Castro aseguró que ya tienen «una sentencia condenatoria» en el río Napo y otros tres casos que han sido también identificados por sus alias mientras prosigue la investigación que involucra a unas 20 personas. «Tenemos a personas que han sido denunciadas por facilitar, manipular, trasladar, transportar insumos como combustibles, artefactos destinados a la minería ilegal».
De acuerdo con testimonios de testigos protegidos de la Fiscalía y de mineros ilegales que accedieron a brindar información para este reportaje, el líder de esta organización criminal es conocido por el alias de «Papilón», cuya identidad conocimos a través de las mismas fuentes pero que no divulgaremos por la reserva de la investigación.
Videos de algunos operativos entregados a la prensa muestran cómo está siendo transportada maquinaria pesada, necesaria para las operaciones que practican los mineros ilegales.
La corrupción y la falta de control estatal son factores clave que permiten la proliferación de la minería ilegal en la región de Loreto, de acuerdo con testigos. A esto se podría sumar el aislamiento del lugar, que carece de vías terrestres que la conecten con el resto del país.
Personas en el terreno estiman que en ocasiones y pese a los esfuerzos del gobierno peruano por combatir esta actividad ilegal, la falta de coordinación entre instituciones y la falta de recursos retrasan una más efectiva actuación frente a un crimen que está impactando al medio ambiente y a la vida de los pobladores.
El fiscal Castro, explicó por ejemplo, que la falta a veces de combustible y la logística para las comunicaciones «debilita bastante nuestra intervención».
¿Qué pasa con la extracción de oro en Perú?
Para entender lo que ocurre hay que mirar hacia el río Nanay, un afluente del Amazonas que está ubicado en Loreto. Su importancia radica en que es responsable de abastecer de agua a Iquitos, capital de Loreto y convertida ahora en el epicentro de una nueva tragedia ambiental.
Las dragas, como se les conoce a las máquinas que extraen oro del lecho del río, operan sin control, dejando a su paso un paisaje desolador. La deforestación, la contaminación por mercurio y la alteración del ecosistema son apenas algunas de las consecuencias de esta actividad ilícita.
Según el Instituto Peruano de Economía (IPE), se estima que las exportaciones de oro ilegal de Perú alcanzarán la cifra récord de 6.840 millones de dólares en 2024, un aumento del 41 % en comparación con el año anterior. Esta actividad ilícita no sólo está destruyendo la Amazonía, sino que también está financiando a grupos criminales que operan en la región. La minería ilegal en Perú tiene una importancia enorme: alrededor del 50 % del oro exportado por el país ha sido extraído de forma ilegal.
La ruta de escape del oro peruano
Las investigaciones indican que el oro extraído del Nanay se moviliza a través de rutas fluviales y terrestres hacia los puntos fronterizos que comparten Perú, Colombia y Brasil. Aunque, no se ha podido corroborar el transporte de oro hacia el Putumayo, las investigaciones indican que es posible que esa y otras rutas también están siendo usadas con igual fin.
«Estamos haciendo justamente con la logística con la que contamos, poder hacer actividades de interdicción en la modalidad de destrucción en todas las cuencas, pero para poder realizarlo tenemos que manejar cierta información que nos ayude a poder identificar el lugar en el que se encuentran, a fin de no malgastar los escasos recursos que tenemos y poder tener un operativo exitoso», dijo Castro.
El fiscal explicó que los grupos que mueven la minería ilegal están bien equipados con teléfonos satelitales, internet Starlink, radios para la comunicación de alta frecuencia, grandes cantidades de combustibles, paneles solares, baterías, trajes de buzos, visores nocturnos y drones.
No obstante aseguró que el trabajo de la fiscalía no se detiene en unión con otras fuerzas como la Marina de Guerra de Perú. «Continuamos con lo que el Estado nos puede proporcionar y con eso podemos organizar operativos y acciones como las que venimos haciendo».
Parte del metal precioso es transportado a Leticia, en Colombia, para su lavado y posterior venta en el mercado internacional, utilizando las mismas rutas que se usan para el tráfico de drogas.
Un transportista fluvial contactado en Caballococha, indicó para este informe que en varias oportunidades ha movilizado cargas del codiciado metal hacia la frontera.
«No son paquetes grandes, se camuflan bien y pasan nomás… No se revisan todos los botes y siempre hay quienes nos avisan si hay riesgo», declaró el transportista bajo condición de anonimato.
Las rutas de tráfico de oro y drogas también han sido reportadas por estudios especializados realizados por entidades no gubernamentales como la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS).
Castro dijo que hasta ahora unas siete personas han sido condenadas por los delitos de «financiamiento» y «minería metal ilegal». Estas personas operaban en los ríos Nanay, Napo y Putumayo.
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Las devastadoras consecuencias para la salud
El mercurio utilizado en la extracción de oro contamina los ríos y es la causa de que se acumule en la cadena alimentaria, afectando la salud de las personas que consumen pescado contaminado.
Los riesgos para la salud incluyen problemas neurológicos, enfermedades cardiovasculares y afectaciones al desarrollo fetal.
La contaminación del agua impacta además el acceso a agua potable y el sustento de las comunidades locales que dependen del río.
La lucha por la protección del río Nanay
Comunidades locales y activistas ambientales han alzado su voz para denunciar la destrucción del río Nanay.
Sin embargo, a menudo enfrentan amenazas y violencia por parte de los grupos criminales que controlan la minería ilegal.
La falta de apoyo estatal y la impunidad de los responsables agravan la situación, de acuerdo con pobladores entrevistados que no se identifican por temor a su seguridad y de sus familias.
Más de una docena de pobladores están ya en el registro de personas defensoras de derechos humanos, a fin de obtener alguna protección ante las amenazas por parte de los actores ilegales.
La minería ilegal en el río Nanay es -de acuerdo con fuentes consultadas y al tanto de las investigaciones- una enorme amenaza a la salud de la población, la biodiversidad amazónica y el futuro de la región. De la lucha contra la corrupción y la promoción de alternativas económicas sostenibles para las comunidades locales, dependerá el presente y futuro de la Amazonía, coinciden las fuentes consultadas para este reporte.
Información Iván Brehaut / Voz de América / Fotografía Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible
