El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, envió a la Asamblea Nacional una propuesta de reforma de al menos un centenar de artículos de la Constitución Política para ampliar, entre otras cosas, el período presidencial de cinco a seis años.
En la propuesta, el gobierno sandinista también recomienda la creación de la figura de un «co-presidente» y una «co-presidenta», que serían electos «mediante el sufragio universal». Tanto el co-presidente como la co-presidenta tendrían el mismo poder.
El término de «co-presidente» fue utilizado por Ortega de manera informal durante un discurso tiempo atrás, pero sin existir un respaldo legal para ello. Ortega entonces nombró de facto «co-presidenta» a su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo.
Los «co-presidentes» podrían nombrar a vicepresidentes «que desempeñarán funciones que les asignen», según la iniciativa.
La propuesta fue consignada el martes ante la Asamblea Nacional, dominada por el oficialismo, y se espera que sea debatida y aprobada de forma expedita.
El presidente de la Asamblea, Gustavo Porras, describió la amplia reforma como una «modernización de la Carta Magna».
Presidencia por encima de los demás poderes
Los cambios constitucionales solicitados por Ortega también pretenden trastocar los símbolos nacionales. El gobierno pidió que la bandera del partido oficialista del Frente Sandinista sea elevada a estatus de símbolo nacional.
Por otro lado, el gobierno solicitó tener poder para “ordenar la intervención del Ejército de Nicaragua en apoyo a la Policía Nacional, cuando la estabilidad de la República lo requiera”.
La reforma además establece que la presidencia tendrá todo el dominio sobre los demás poderes del Estado. “La Presidencia de la República ejerce la jefatura de Estado y de Gobierno”.
Agrega que “el poder reside en el pueblo, y se ejerce a través de la democracia directa y el protagonismo de la persona, la familia y la comunidad”.
OEA rechaza la propuesta por «aberrante»
Este miércoles, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, denunció que Ortega y sus aliados políticos aspiran a “incrementar su control absoluto del Estado y perpetuarse en el poder”, mediante esa propuesta.
“Constituye una aberrante forma de institucionalización de la dictadura matrimonial y es una agresión definitiva al estado de derecho”, rezó el comunicado de Almagro.
Asimismo, diversos sectores de la oposición nicaragüense han rechazado la propuesta de reforma constitucional.
El empresario y ex candidato presidencial Juan Sebastián Chamorro dijo que la nueva Constitución será «despótica», pues elimina la forma de gobierno con «separación de poderes» y se instaura «la bandera oficialista».
«Por esta violación de los derechos constitucionales algunas personas dirán que es lo que ocurría en la práctica, pero esto es sumamente grave. Como nicaragüenses debemos estar conscientes de la magnitud de estos cambios. No debemos aceptarlo»
En tanto el Centro de Asistencia Legal Interamericano en Derechos Humanos (CALIDH), una oenegé nicaragüense conformada en Argentina, calificó el texto de la reforma como una “distorsión irreversible del texto constitucional” que “eleva a rango constitucional la distorsión absoluta a la que (Daniel Ortega) ha sometido al Estado“.
La propuesta de reforma constitucional fue recibida por la Asamblea Nacional para ser aprobada en su primera legislatura este año y ratificada en el próximo año.
Nicaragua vive una crisis política desde hace más de seis años que surgieron protestas contra el presidente Daniel Ortega, quien gobierna el país centroamericano desde el 2007.
Opositores catalogan a Ortega como «un dictador» que se ha instaurado en el poder por medio de «fraudes electorales» y maniobras en la Constitución Política.
El oficialismo ha catalogado las propuestas de reformas constitucionales como la «consolidación de lo que hemos avanzado en este proceso revolucionario».
«Es una Constitución que consolida lo que hemos avanzado en este proceso revolucionario de todos los nicaragüenses» señaló el presidente del poder legislativo, Gustavo Porras, sancionado por Estados Unidos por violación a los derechos humanos.
Información Houston Castillo Vado / Voz de América / Fotografía Ecuavisa Noticias
