La Comisión de Estados Unidos para Libertad Religiosa Internacional (USCIRF), una entidad independiente y bipartita del gobierno estadounidense, analizó este martes la campaña de “persecución religiosa” contra sacerdotes de la Iglesia Católica en Nicaragua y pastores de otras denominaciones opuestos al gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
A la vez pidieron a expertos de la región y de EEUU en temas de desarrollo, derechos humanos y libertad religiosa exponer a fondo la situación del país centroamericano, donde al menos once sacerdotes y un obispo de la Iglesia Católica enfrentan cargos criminales por mostrar abierta oposición al gobierno de Ortega-Murillo.
“La campaña de persecución de Ortega contra la libertad religiosa es agresiva”, dijo el congresista Mario Díaz-Balart al reseñar la expulsión del nuncio apostólico del Vaticano de Nicaragua, Monseñor Waldemar Stanislaw Sommertag, en marzo, y las sucesivas capturas de sacerdotes a mediados de este año, como un momento que ha puesto en relieve la magnitud de la crisis.
“Esta persecución religiosa en Nicaragua es sistemática y está dirigida a aquellos que apelan a la libertad”, indicó el congresista en su presentación.
Por su parte Patrick Ventrell, director de la Oficina para Asuntos Centroamericanos del Departamento de Estado, agregó que los reportes del centro de la diplomacia estadounidense han alertado sobre la situación, que abarca no solo motivaciones religiosas, sino que impacta a todas las personas que muestren apoyo a la democracia y a la defensa de derechos humanos.
“La situación de Nicaragua es crítica, por los abusos del régimen de Ortega-Murillo, sus ataques a la democracia y las violaciones a derechos humanos. Ahora se ha agudizado con la persecución a religiosos”, explicó el funcionario.
El presidente del USCIRF, comisario Nury Turkel, dijo que este examen sobre libertad religiosa en Nicaragua surte efecto al ver las denuncias sobre violaciones a derechos humanos, el alarmante número de presos políticos, entre ellos “líderes nacionales y periodistas”, que intentaron desafiar a Daniel Ortega en su reelección en 2021, y que ahora están en la cárcel.
“Y más recientemente esa represión ha sido dirigida a líderes religiosos de la Iglesia católica, con acciones claramente notables”, explicó Turkel.
Los datos de observadores
En un segundo panel del evento transmitido en línea, Irela Guevara, directora de la organización no gubernamental Outreach Aid to the Americas expuso a la Comisión las compilaciones de datos que ayudan a entender la magnitud de la crisis.
En lo que van del año, han contabilizado 109 ataques contra templos religiosos, incluidos incendios provocados, o donde «se graba en vídeo la entrada y salida de feligreses para ahuyentarlos de los templos». Los recuentos de su organización indican que a unos 60 miembros de la iglesia se les ha impedido la entrada al país; además de los sacerdotes encarcelados.
Este año también el gobierno de Ortega expulsó del país a 18 religiosas de la orden Misioneras de la Caridad.
Los cargos contra los religiosos capturados van desde supuestas acciones criminales comunes, hasta cargos de “traición a la patria” o “terrorismo”, explicó la experta.
El nicaragüense Manuel Orozco, experto en desarrollo y director de un programa de migraciones en un centro de análisis en Washington DC, ahondó durante su ponencia en que la situación de crisis se manifiesta en las estampida de ciudadanos de su país que intentan escapar, y compara el caso nicaragüense a escala de las crisis desarrolladas en Venezuela y Cuba.
El gobierno de Daniel Ortega ha rechazado que persiga religiosos por su filiación, y ha reiterado que los procesos judiciales son “inventos” en el marco de una campaña para “darle mala fama a Nicaragua frente a organismos internacionales».
El gobierno ha acusado a los obispos del país de “tomar partido” y de confabular con los “golpistas” y hasta el gobierno nicaragüense los acusa de promover y crear “sectas satánicas”.
Los expertos convocados por el USCIRF coincidieron en que el país centroamericano está en una encrucijada con una narrativa oficial dominante, y donde cada vez se imponen más restricciones para recibir información independiente a los ciudadanos, entre estas mencionaron el cierre de 8 estaciones de radio de la Iglesia Católica y la cancelación de cientos de organizaciones de la sociedad civil.
Información Tomás Guevara / Voz de América (VOA) / Fotografía ilustrativa VOA
