La más reciente movida del oficialismo en Nicaragua, que desembocó en el arresto sorpresivo de Michael Healy y Álvaro Vargas, las dos principales figuras del Consejo Superior de la Empresa (Cosep), la patronal más importante del país, tensó nuevamente el panorama en Managua a solo 15 días de las elecciones presidenciales y legislativas.
De hecho, con el arresto de Healy, presidente del Cosep, Nicaragua se ubicó más en el radar internacional al convertirse en el primer país de Latinoamérica en tener arrestado al principal líder del sector privado.
Hasta el momento suman casi 40 los opositores que han sido detenidos en los últimos meses, incluyendo siete precandidatos presidenciales.
Algunos analistas consultados por la Voz de América valoran que el gobierno de Daniel Ortega, que busca un nuevo mandato junto a su esposa, Rosario Murillo, intenta buscar legitimidad de la comunidad internacional y lo hace por medio de rehenes de alto valor.
En el caso de los empresarios, que rompieron relaciones con Ortega tras la crisis de 2018, se intenta presionar más para el regreso al llamado “modelo de diálogo y consenso” que existía entre el sector privado y el oficialismo.
Luciano García, presidente de la organización no gubernamental Hagamos Democracia, considera Ortega busca “tener de rodillas a todos los gremios empresariales y a la oposición para que no digan nada que no le parece”.
“Te pone en riesgo y arresta para luego tenerte como fichas de canje para que le suavicen las sanciones”, dijo García a la VOA.
Señaló que el gobierno de Ortega con las actuales condiciones es “obsoleto”, pero que tras los comicios se debe presionar para que sea desconocido a nivel internacional y se le corten los flujos del exterior.
“Las detenciones son exclusividad del régimen y no son canjeables. Los liberará cuando la comunidad internacional los ahogue… para suavizar las cosas y dirá que lo hace actuando de buena fe. La estrategia del régimen es apresar”, dijo García.
¿Qué se debe hacer?
Oscar René Vargas, cofundador del oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional y excompañero de armas de Daniel Ortega, considera que el encarcelamiento de Healy demuestra “que Ortega-Murillo siguen en la lógica de ‘el poder o la muerte’, sin dejar ninguna otra oportunidad de una salida negociada” a la crisis que comenzó en Nicaragua hace tres años.
Vargas sugiere que deben tomarse medidas más beligerantes, pues a su juicio el mandatario sandinista “piensa que Estados Unidos no van a dar el paso para botarlo por otros medios”.
“Mientras no le corten el financiamiento internacional, Ortega seguirá en su lógica. En los últimos meses ha acumulado reservas internacionales previendo un corte del financiamiento internacional. Dentro de esa estrategia de acumular reservas lo apoya el BCIE (Banco Centroamericano de Integración Económica), que lo transforma en cómplice del régimen”, señala el también sociólogo.
Tras el arresto el jueves de los líderes empresariales, las autoridades los acusaron de lavado de dinero, bienes y activos, y de “atentar contra los derechos del pueblo”, y celebraron una supuesta audiencia especial expreso donde se les dictó prisión judicial por 90 días para ser investigados.
En la audiencia no estuvo la defensa de ninguno de los empresarios, un patrón que se ha repetido con el resto de los opositores arrestados por la justicia nicaragüense en los últimos meses.
Rechazo internacional
Cosep describió los arrestos como un “ataque directo” del gobierno a esa organización, y a nivel internacional los líderes empresariales se volcaron en apoyo a los directivos de la entidad gremial.
En Chile, la Confederación de la Producción y del Comercio expresó su rechazo “ante la arbitraria detención de los empresarios”.
En Colombia, la Asociación Nacional de Empresarios “lamentó” profundamente “el deterioro escalonado y sistemático de las libertades de asociación, ejercicio empresarial y de expresión” que se vive en Nicaragua.
En Costa Rica, la Unión de Cámaras y Asociaciones del Sector Privado reclamó la liberación de los líderes empresariales.
En Ecuador, la Federación Nacional de Cámaras de Industrias dijo que las detenciones tienen como “fin coartar los derechos de empresarios y ciudadanía en general”.
Por otro lado la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos condenó la “persecución” de los líderes empresariales y dijo que la Ley 1055, o Ley de Soberanía, por la cual acusan a los empresarios, es “incompatible con los estándares internacionales”.
“Los espacios se cierran”, dice Vargas al respecto y agrega que “el único camino que ha dejado Ortega es la confrontación” pues a su juicio, el mandatario “piensa que ese camino (de la ilegitimidad) es largo, gana tiempo pensando que puede haber un hecho fortuito que pueda cambiar la correlación de fuerza a su favor”.
Con información de Houston Castillo Vado / Voz de América / Fotografía ilustrativa Twitter Ricardo Robaina
